Para Ortega, Sánchez Bódalo sólo ha leído una línea del informe de cincuenta páginas presentado por el Consejo Consultivo, que advierte a lo largo del texto de “irregularidades” detectadas y apunta a una posible “anulabilidad” de los convenios. “Bódalo sólo ha leído la parte donde dice que no concurren las causas de nulidad de pleno derecho, pero a lo largo del texto se dicen muchas más cosas”, aseguró el alcalde.
En este sentido, leyó textualmente varios fragmentos del informe, como éste: “la referencia en los convenios a la potencia eléctrica utilizada para determinar la base imponible vulnera las previsiones del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las ordenanzas fiscales de aplicación, y ello conllevaría, en su caso, una causa de anulabilidad la constituida por las liquidaciones tributarias efectuadas sobre una base imponible que no se ajusta a la legalidad aplicable”. La base imponible que se aplicó en los convenios para el pago por parte de las empresas es, por tanto, ilegal.
El informe también advierte de la “lesibilidad en que se incurre en relación a los incumplimientos de las empresas derivados de las subvenciones otorgadas en su momento por este Ayuntamiento”. Concretamente, se indica que, según la Ley General de Subvenciones, estos incumplimientos podrían dar lugar al reintegro de estas subvenciones dadas por el Consistorio en el anterior mandato. En este sentido, el alcalde señaló que “habrá que ver si las subvenciones que este Ayuntamiento otorgó a las empresas fueron destinados a los fines establecidos en los convenios, cuestión que aún está por determinar”.
Por otro lado, Diego Ortega explicó que el informe del Consejo Consultivo también hace referencia a la inexistencia de informes jurídicos que son obligatorios para aprobar cualquier subvención, lo que el propio Consejo considera una “actuación irregular”. “El Consejo Consultivo dice que los convenios están excluidos del reglamento municipal de subvenciones y en los expedientes no hay informes jurídicos ni información alguna sobre las obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones en su artículo 20”, aseguró.
“Todo ello deja en entredicho a Sánchez Bódalo y al PSOE como responsables de la chapuza que se llevó a cabo en el Ayuntamiento”, afirmó Ortega, que aconsejó prudencia al ex alcalde porque “aún tendrá que responder a muchas cuestiones que se vayan derivando de este asunto”.
Además, afirmó que con las últimas declaraciones realizadas por Bódalo, “que últimamente comparece siempre solo ante los medios sin el apoyo de sus compañeros de grupo, lo único que busca es salvar su imagen, limpiar sus trapos sucios de forma desesperada e intentar defenderse como gato panza arriba por estos asuntos que se le están volviendo en su contra por su mala gestión durante sus años como alcalde, pensando de forma incauta que iba a ser el alcalde perpetuo, y causando muchos quebraderos de cabeza a este Ayuntamiento y, en consecuencia, a los vecinos de Alcázar de San Juan”.
Por todo ello, Diego Ortega afirmó que el equipo de Gobierno va a requerir a las empresas de las termosolares todos los impuestos a los que están sujetos legalmente y que no se pagaron; y además, atendiendo a las advertencias y consideraciones del informe del Consejo Consultivo, se pondrán en conocimiento de la Justicia y del Tribunal de Cuentas toda la documentación y el propio informe del Consejo para depurar las responsabilidades derivadas de los convenios con las termosolares.
