“Qué más necesita Sánchez Bódalo para demostrar a todos los alcazareños que tiene un mínimo de ética y un mínimo de vergüenza política para presentar su dimisión”. Ormeño se hizo esta pregunta tras explicar que el TS ha confirmado la sentencia dictada ya por la Audiencia Nacional, confirmando que la intervención del Banco de España sobre CCM en el año 2009 “fue legal”, motivo “suficiente” para CxA para que “presente su dimisión” o sea cesado por la secretaria general del PSOE alcazareño, Rosa Melchor y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, de cuyo Gobierno es vicepresidente, puesto que “claramente está incurso en causas penales por su mala gestión y mala administración en tres sitios distintos”, como así “ratifican las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional”.
Para el portavoz de CxA, después de la sentencia del máximo órgano judicial de España, “Bódalo queda inhabilitado éticamente para el desarrollo de las funciones de representación para los ciudadanos” y le pide al PSOE local y provincial que “den ejemplo a la ciudadanía y le pidan a Bódalo el cese inmediato en sus funciones de representación y responsabilidad política”. En este sentido, se preguntó “hasta cuándo tenemos que aguantar en el pleno de la Corporación que un señor imputado en la Audiencia Nacional, multado por el ministro de Economía con 57.000 euros por su mala gestión al frente de CCM e imputado en el Juzgado número 2 de Alcázar de San Juan por su presunta mala gestión al frente del Consejo de Administración de Aguas” y se cuestiona “cuántas veces se necesita imputar a un concejal de una Corporación para que cese en sus responsabilidades políticas y hasta cuándo tenemos que soportar la vergüenza de estar representado por él. Nos gustaría que demostrará un mínimo de ética política”.
Mariano Ormeño subrayó que para la intervención en CCM por parte del Banco de España fue necesario un aval de 9.000 millones de euros y que la sentencia del TS que confirma la legalidad de dicha intervención, rechazando así el recurso de casación interpuesto por el ex presidente de la entidad financiera, Juan Pedro Hernández Moltó, así como el resto de los miembros del Consejo de Administración, entre los que estaba José Fernando Sánchez Bódalo, que “fue multado con 57.000 euros por el Ministerio de Economía, una sanción abonada en la actualidad”.
La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que en CCM se daba una situación de “excepcional gravedad que ponía en peligro la estabilidad financiera y económica de esa entidad”. Confirma, igualmente, que la sentencia de la Audiencia Nacional “fue conforme a derecho y que no incurre en ningún tipo de arbitrariedad”. En 2009, el Banco de España tomó el control de CCM tras destituir al Consejo de Administración y después de acordar inyectarle liquidez.
Los antiguos administradores recurrieron la intervención y pidieron “la nulidad al entender que se había producido de manera arbitraria”. El Supremo destaca que la Audiencia Nacional “no ha incurrido en ningún tipo de incongruencia, sino que fue necesario porque la Caja presentaba una situación de “excepcional gravedad”, indicó Ormeño.
Ciudadanos por Alcázar “quiere decirle a todos los alcazareños que Bódalo fue expulsado de la Caja, multado con 57.000 por el Ministerio de Economía y además está imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la gestión de la concesión de créditos y de negocios de dudosa legalidad”.
