Fue un encuentro que se guió por el diálogo y en el que participaron integrantes de la PAH de Puertollano, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Ciudad Real y de Villarrubia de los Ojos, plataforma que actualmente está en periodo de formación. Así se celebró una reunión en la que la plataforma quería presentar propuestas y encontrar soluciones para los afectados por la ejecución hipotecaria.
Entre las demandas que se plantearon en el encuentro se solicitó que desde la Consejería de Fomento se disponga de un Protocolo de Coordinación entre Consejería de Fomento y Bienestar Social para la atención a las familias tras los lanzamientos, y buscar una coordinación también entre los ayuntamientos y plataformas de afectados. Además se solicitó establecer y recuperar nuevos acuerdos de Colaboración entre Consejería de Fomento y ayuntamientos en materia de control, mantenimiento y gestión del parque de viviendas público, dado que según los datos de los que dispone la PAH la entidad privada que se ocupa de esta gestión no está siendo eficaz.
Por otra parte, las PAH solicitaron una salida para las más de 50.000 viviendas vacías que hay en nuestra provincia, pidiendo un alquiler social para ellas. Entre las medidas propuestas para garantizar que esto ocurriera, podría ubicarse un impuesto específico a las viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias que no están habitadas.
Sobre este punto, la PAH de Ciudad Real inquirió por la Situación de la SAREB, que el encargado del Gobierno regional refirió es competencia estatal, y los convenios firmados por bancos y ayuntamientos a nivel nacional para dejar como vivienda social las que se quedan vacías tras el desahucio. Un acuerdo que la PAH viene denunciando no se está cumpliendo.
Desde Fomento aseguraron a la PAH que cuentan con un enlace entre el área de Vivienda y consistorio y dispuso de una modo de contacto con este funcionario para que la plataforma de afectados pueda hacerle llegar casos de personas que necesiten ayuda urgente en la gestión del alquiler social, viviendas en que se incumpla el pacto banca-consistorios y ayuntamientos que estén retrasando la concesión de viviendas sociales.
Junto a estas propuestas, la PAH solicitó una reducción de los alquileres de las viviendas sociales que existen en la provincia, para que se pasara de un cobro mensual y fijo por un porcentaje basado en la renta y que se sitúe entre un 20 y un 30%. En este sentido, la plataforma indicó que cuenta con familias que sobreviven con 476 euros al mes y se ven obligadas a pagar un alquiler de 250 euros, lo que les ubica en una situación insostenible.
Por último durante la reunión con el coordinador de la Consejería de Fomento la Plataforma de Afectados por la Hipoteca solicitó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la creación de una Comisión Provincial de Vivienda de la que la coordinadora provincial del PAH fuera parte.
Desde la PAH agradecen la cordialidad en el trato recibido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por un partido que hizo oído sordos a las peticiones de una ILP en el Congreso de los Diputados, y que podían haber dado solución a estos problemas hace dos años y evitado que cientos de familias hayan tenido que perder sus casas manteniendo la deuda.
Además, la PAH considera que este acercamiento muestra una actitud que difiere, y mucho, de las declaraciones vertidas no hace tanto sobre este movimiento de afectados por la hipoteca, a los que se llegó a calificar como “terroristas” por la Administración que ahora ha decidido escuchar sus peticiones e, incluso, reunirse con ellos.
