Cargando...Con esta convocatoria se pretende, asimismo, contribuir a la ejecución de aquellos proyectos presentados por los Ayuntamientos de la provincia, que en régimen de concurrencia competitiva, puedan resultar más interesantes y convenientes de ejecutar.
Ángel Caballero, presidente en funciones y vicepresidente del Área Social, comenta que con esta convocatoria la Diputación de Ciudad Real «adquiere y mantiene un compromiso presupuestario en su apoyo a la prestación de los Servicios Sociales adecuados a las necesidades de apoyo de los diversos colectivos». Y añade que este compromiso se transforma en garantía de los derechos sociales, en cuanto que derechos fundamentales, vinculados al principio de igualdad de oportunidades de la ciudadanía.
A la convocatoria se pueden presentar los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes, pudiendo los menores de 5.000 habitantes solicitar las subvenciones de forma individual o agrupada.
En cuanto a los programas, la convocatoria que se hizo publica en el BOP de fecha 24 de julio, describe dos modelos: en primer lugar, que pueden estar relacionados con servicios sociales generales destinados a toda la población, referidos a atención primaria o polivalente. Aquí se engloban los programas que prevengan situaciones de desigualad, inadaptación o exclusión social, incluso los recursos que favorezcan la permanencia en el entorno habitual de las personas con dependencia.
En segundo lugar, los servicios sociales especializados, destinados a determinados colectivos, que pueden estar referidos a programas de intervención familiar: mediación, infancia, adolescencia; atención a personas con discapacidad, a mayores, de intervención social, intervención comunitaria y alojamiento alternativo y todos aquellos de carácter innovador.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 25 de agosto y entre la documentación que deberán aportar, además de la solicitud y anexos que se contemplan en el Boletín Oficial de la Provincia reseñado anteriormente, se adjuntarán una certificación del acuerdo del órgano municipal competente sobre solicitud del programa a desarrollar y compromiso de participación económica. También una declaración de ayudas que se hayan solicitado para el mismo fin a otros organismos o entidades públicas o privadas; el informe del equipo técnico de servicios sociales del ayuntamiento y una memoria del proyecto subvencionado en la anterior convocatoria.
