Esta actividad está declarada por la actual ley de Parques Nacionales como actividad incompatible con los fines de disfrute y conservación de la naturaleza de los espacios protegidos que gozan de la máxima protección según los criterios de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza). Los parques nacionales deben ser santuarios para la protección de los ecosistemas, abiertos a la investigación, el disfrute y esparcimiento popular y el turismo verde, pero siempre que estas actividades no causen ningún problema a la conservación de la fauna y la flora, lo que obviamente no es el caso de la caza.
Sin embargo, el Partido Popular pretende introducir en su reforma de la ley de Parques Nacionales, ahora en el trámite parlamentario en el Senado, una enmienda de última hora que permitiría continuar con las monterías de ciervos y jabalíes en el Parque Nacional de Cabañeros. De acuerdo con la ley actual, la caza en este parque nacional debe desaparecer a los diez años de su aprobación, es decir, en 2017. Pero esta disposición no es del agrado de algunos grandes propietarios de fincas de este parque nacional, como el constructor y empresario Alberto Alcocer, que han venido disfrutando de la celebración de monterías en el parque nacional incluso después de su declaración como tal.
Curiosamente, el actual director de parques nacionales estuvo de montería en la finca de Alcocer en Cabañeros en enero de 2013, y ahora se desvelan las maniobras de última hora para reformar la ley de parques nacionales en beneficio de unas personas muy concretas. Durante años se han venido consintiendo estas prácticas cinegéticas sin realizar pasos para su progresiva eliminación y ahora se pretende simplemente dar una prórroga de esta actividad incompatible.
EQUO quiere denunciar que lo que el Partido Popular pretende es una vez más, reformar una ley, desmantelando la protección del medio ambiente, para el beneficio de personas muy concretas, exactamente igual que hizo con la reforma de la Ley de Costas y otras. EQUO repudia esta práctica y exige que la caza en los parques nacionales se extinga en los plazos establecidos por la ley vigente.
