Diego Ortega se refirió, entre otras cosas, a un informe de la Consejería de Agricultura, concretamente de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, emitido con fecha 19 de noviembre de 2013, por el que “se acuerda el archivo del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental”, ya que la actividad de “valorización de residuos no peligrosos” que realizará “no se encuentra dentro de los anexos de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha”.
Este informe exime de la realización de un estudio de evaluación ambiental pero, con fecha 21 de noviembre de 2013, este mismo organismo emite otra resolución en la que indica que la actividad de la planta “se encuentra sujeta al régimen de autorización de las operaciones de tratamiento de residuos conforme a la Ley 22/2011 de 28 de julio” y a la “tramitación que establece la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera”; con lo que en el expediente del centro de valorización de neumáticos deberían figurar también las citadas autorizaciones. Al preguntarle al alcalde al respecto de esta documentación, dijo “desconocerlo” pero que, no obstante estaba “seguro” que esto se habría resuelto con la Consejería.
Otro de los documentos que mostró es el informe de Emergencias Ciudad Real , con fecha 11 de diciembre de 2013, que confirma que “la documentación presentada” por la empresa “se adecua con el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales” y que, “una vez finalizadas las obras, deberá comunicarse para comprobar ‘in situ’ las medidas marcadas en esta documentación”.
Por su parte, la asociación de vecinos de La Pradera, además de esta denuncia a la que ha respondido la Fiscalía, lo han puesto también en conocimiento del Seprona e iniciarán los trámites para darlo a conocer en la Unión Europea, puesto que los terrenos en los que se ha ubicado la empresa cuentan con financiación de los fondos Feder.
Ortega concluyó asegurando que según estos documentos, “la empresa cumple con la normativa ambiental y de seguridad requerida”. Opinó que tras las denuncias vecinales, “hay un grupo de personas que están politizadas y utilizan la protesta como pantalla para generar alarma social”. Recordó que el humo que alarmó a los vecinos, según el informe policial “era vapor de agua”. En cuanto a la proximidad del barrio de La Pradera a la planta de reciclado, quiso recordar que la actual ubicación de este núcleo urbanizado “también era suelo industrial y fue el PSOE el que lo recalificó, dando lugar a esta isla en medio de una zona industrializada”.
