Cargando...El secretario general de UGT en Alcázar de San Juan, Bernardo Ramos ha señalado que ante la falta de acuerdo en la reunión que mantuvieron los sindicatos con el equipo de Gobierno, éste “hizo una interpretación de algunos artículos del Convenio colectivo y del Acuerdo marco, obviando otros, sin someterlo a mesa de negociación”, lo que ha desembocado en “una imposición tanto de la ampliación de la jornada como del horario que vamos a demandar ante el Juzgado de lo Social y que sea un juez el que resuelta este conflicto colectivo porque afecta a todos los trabajadores del Ayuntamiento”.
Según Ramos, “no nos oponemos a hacer las 37 y media”, pero “hay que negociarlo con los sindicatos, porque esa ampliación de horario es para los funcionarios de la Junta de Comunidades”. En el mismo sentido, se ha manifestado el secretario comarcal de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Ángel Escudero que ha querido “dejar claro que estamos dispuestos a negociar la ampliación de jornada y lo que haga falta”, pero ha recordado que tanto el Acuerdo marco como el Convenio colectivo dejaban de estar vigentes el pasado 31 de diciembre, aunque se han prorrogado y “el equipo de Gobierno se agarra a lo que le interesa como en este caso es que la jornada laboral será igual que la de los trabajadores de la Junta”. Escudero ha apuntado que su sindicato está dispuesto a negociar este punto “y que se acuerde lo que haya que acordar en base a las necesidades, pero hay que negociarlo todo”.
Por otro lado, UGT denuncia “un ocultismo bestial” por parte del Gobierno municipal puesto que “no nos facilita la documentación” relativa a los decretos por los que se cambia de función a determinados trabajadores o de las horas extraordinarias del año pasado. En concreto, Escudero ha querido denunciar los complementos salariales que se les están pagando a algunos funcionarios que, “con la que está cayendo, hace que tengan unos desorbitados”.
En este sentido, ha asegurado que mientras que con el anterior equipo de Gobierno el secretario y el interventor eran accidentales y cobraban por ello alrededor de 3.000 euros más unos complementos de entre 700 y 1.150 euros mensuales, ahora estos dos funcionarios desarrollan otros puestos “creados para ellos” y los que desempeñan las funciones anteriores cobran esa base de 3.000 euros, más otros 3.000 y 2.500 euros respectivamente al mes más a modo de complemento, con lo que los sueldos rondan o incluso superan los 6.000 euros mensuales, “con lo que cuando antes teníamos dos, ahora tenemos cuatro” y “mientras que al resto de funcionarios nos quitaron un 5%, a ellos les suben estas cantidades”, lo que significa que “nos están quitando dinerillo a los de abajo para dárselo a los de arriba”.
