Así lo puso de manifiesto hoy, en rueda de prensa, el concejal de Servicios Jurídicos, Mariano Ormeño, quien explicó que el Juzgado «da la razón al Ayuntamiento», entendiendo que tanto los ciudadanos como las empresas «están obligados a pagar sus impuestos», máxime teniendo en cuenta que «si esa empresa es capaz de hacer una inversión de esa dimensión, también tiene capacidad para pagar la licencia de apertura».
A esto se añade que, con estas plantas termosolares, el Ayuntamiento de entonces firmó convenios, que si bien el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha «dice que no son nulos, sí tenemos que hacer algo para que paguen lo que dice la ley». Este convenio establece un cálculo único de alzada de todos los impuestos que, en base a la inversión que dice la empresa que va a hacer de 141 millones de euros por planta, se establece en 23 millones, que por esta condición de cálculo único, se quedaba en 20 millones. Además, el Consistorio le concedió una subvención de 7,5 millones de euros, que obligaba a la empresa a cumplir varios requisitos. En ese convenio se establecía también la exención de la licencia de apertura para las empresas.
Ormeño lamentó que el anterior equipo de Gobierno «no comprobara» los términos de la inversión declarados por la empresa, «una responsabilidad que sí hemos asumido nosotros» cotejando los datos del Instituto de Desarrollo de la Energía y del Registro Mercantil de Madrid. En ambos estamentos figura que la inversión por planta supera los 355 millones de euros, por lo que «nos han mentido diciendo que eran 282 millones en total y nos hemos dejado engañar», puesto que la liquidación de impuestos se ha hecho sobre esta cantidad inferior y no sobre los 710 millones del total, con lo que «se dejaron de perder 18 millones de euros, lo que supone el 60 por ciento de los ingresos de un año» en el Ayuntamiento.
En esta misma situación hay otras empresas de similares características y en este sentido, Mariano Ormeño ratificó que «el compromiso del actual equipo de Gobierno es defender los intereses económicos de todos los ciudadanos y exigir que todos paguen por igual».
La sentencia del Contencioso Administrativo que insta a la empresa de las plantas de Manchasol a pagar la licencia de apertura es recurrible, aunque si lo hacen, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan «exigirá la ejecución provisional con aval, para que en el momento que salga la sentencia final, haya garantías para que se deposite esa cantidad».
SUBVENCIÓN
Respecto a la obligatoriedad de justificar la subvención de 7,5 millones de euros, con la que esta empresa no ha cumplido por el momento, «a pesar de los requerimientos», el concejal de Servicios Jurídicos anunció que se va a iniciar el proceso para el reintegro, que además puede conllevar sanción que está cuantificada en la Ley General de Subvenciones en el triple del importe subvencionado, lo que supone que entre la subvención de 7,5 millones y la multa «podríamos estar hablando de que tengan que pagar al Ayuntamiento 30 millones de euros».
