Así lo trasladaba a los medios, en nombre de la asociación de vecinos de La Pradera, Carmen Nieto que aseguró que “no tenemos nada en contra de la actividad de esta empresa que generará empleo, sino de la ubicación próxima a nuestro barrio, al Hospital La Mancha Centro y al complejo lagunar”.
Nieto explicó que los terrenos en los que se ubica la planta, en origen, “no eran para ubicar industrias particulares, sino para el Centro Experimental de TDT. Con este fin los cedió la Junta de Comunidades, mediante un convenio, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en marzo de 2011”. Con el cambio de Gobierno municipal y la renuncia del Consistorio al Centro Experimental, se decidió “donar gratuitamente los terrenos” a empresas de I+D+i que quisieran instalarse en Alcázar. Según Nieto, “el suelo industrial no puede cederse gratuitamente, por ley, a empresas particulares, sino a entidades sin ánimo de lucro o con fines sociales. A todos los empresarios se les cobra por el suelo industrial. Incluso Almida, que desarrolla una actividad social, tuvo que pagar por los terrenos”. El valor de la parcela industrial que ocupa en la actualidad la empresa de reciclado de neumáticos, según ha podido calcular la asociación por los datos que aparecen en la licitación de parcelas colindantes, alcanzaría los 800.000 euros “que han regalado a un particular”.
En cuanto a las “posibles irregularidades”, Nieto indicó que la planta de neumáticos “no tiene la acreditación de I+D+i que supuestamente debería tener para poder ubicarse donde está”. Aparte de esto, lo que calificó como “más grave”, es que los terrenos “fueron concedidos con anterioridad a su licitación”. Para demostrar esta afirmación mostró los documentos de la solicitud de licencia de obra y actividades por parte de la empresa y las publicaciones en el BOP y el BOE de la licitación de la parcela y concesión de la mencionada licencia. Así, la licencia de obra fue solicitada por el propietario de la empresa de neumáticos el 17 de septiembre de 2013 –adjuntando los planos de la edificación- y el 25 de septiembre se publicó en el BOP la licitación pública de los terrenos, concediendo un plazo de 15 días para los empresarios que quisieran solicitarlos. Cinco días antes, el 20 de septiembre, ya se había aceptado la licencia de obras y registrado, documento firmado por Ángel Puente y el 27 de septiembre, abierto aún el plazo de licitación pública de los terrenos, se publica en el BOE el anuncio de licencia a nombre del propietario de la empresa de neumáticos. “Diez días antes de que finalizara el procedimiento de licitación, el propietario de la planta de neumáticos ya decía que estos terrenos le habían sido concedidos”.
Toda esta documentación se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que, el pasado mes, inició un proceso de investigación que sigue abierto. “Esto parece tráfico de influencias”, dijo Nieto, que apuntó que la documentación relativa a la empresa está firmada por el exconcejal Ángel Puente y la actual portavoz del Gobierno municipal María Jesús Pelayo que “casualmente su hermano es el primer trabajador contratado por esta empresa”.
Los vecinos de La Pradera esperan la “paralización urgente” del proyecto y que “no se inicie la actividad” hasta que la Fiscalía resuelva. Además piden al alcalde de Alcázar, Diego Ortega, que “explique” estos hechos que vienen a sumarse a la inexistencia de informe de impacto ambiental, ya que la Junta eximió a la empresa de realizarlo porque la actividad que piensa desarrollar no está sujeta a los supuestos marcados por la Ley medioambiental regional, sino a otras normativas que no exigen este informe.
