Así lo explicaba a los medios la portavoz de este grupo vecinal, Carmen Nieto, reclamando el “derecho” de los vecinos a “negarse a la instalación de una empresa contaminante a 70 metros de sus viviendas. Y menos cuando se ha puesto ahí saltándose la ley a la torera”.
Nieto volvió a insistir en la “ilegalidad” en la cesión de suelo industrial a la planta de reciclado de neumáticos, apoyándose en que en el registro de la propiedad “no consta” esta cesión y que los terrenos siguen a nombre del Ayuntamiento, “por lo que, supuestamente, la actividad que se desarrolle en ellos es municipal, no privada”. Pidió al alcalde de Alcázar que “explique” esta circunstancia y que, si no es así, “muestre el documento” que lo pruebe. De no hacerlo, aseguró que “lo pondrán en manos de la justicia, además de la Fiscalía”.
Mencionó nuevamente que los terrenos, según el convenio firmado entre el Consistorio y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Ley de suelo y la Ley de Entidades locales, “no pueden cederse a una empresa privada con ánimo de lucro”. Volvió a asegurar que la empresa “no tiene” la calificación de I+D+i en la que se amparan para su cesión y mostró una carta de la propia empresa “reconociéndolo”, presentando el “nombre de otra empresa de un familiar que sí lo tiene”.
Por último, Nieto volvió a reiterarse en que “existió trato de favor” y que “no” fue la empresa la que adelantó los trámites para obtener los permisos, como dijo Diego Ortega, sino que fue el exconcejal Ángel Puente “quien aceleró los trámites y registro en el BOP la solicitud de licencia de apertura el 20 de septiembre de 2013”. Aludió además que si la licitación de los terrenos se realiza con fecha 3 de diciembre, “¿cómo es posible que un día después se conceda la licencia de obras, en tan sólo 24 horas? A no ser que los terrenos ya estuvieran concedidos de forma verbal, previamente”.
