El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha respondido siempre a la Defensora del Pueblo remitiéndole toda la información requerida relativa al proceso de cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar.
En concreto, según se puede ver en el registro de salida de la Secretaría General del Ayuntamiento, el Consistorio remitió una primera documentación el 25 de marzo de 2014, en respuesta a la petición de la Oficina de la Defensora del Pueblo de fecha 4 de marzo de 2014. En aquel primer envío, se adjuntó por parte del Ayuntamiento copia íntegra del expediente en relación con el cambio de gestión del servicio público del Ciclo Integral del Agua de gestión directa a gestión indirecta, tal y como establece la normativa en la materia.
Posteriormente, el 3 de julio de 2014, a petición de nuevo de la Defensora del Pueblo, se amplió la información remitida a su Oficina con la documentación relativa a los antecedentes administrativos más significativos de todo el proceso, haciendo mención expresa a la Memoria Justificativa Jurídica, Social y Económico-Financiera del cambio de modelo de gestión, al informe jurídico del Secretario General de la Corporación, al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, y a los acuerdos de Pleno relacionados con el asunto. Asimismo, se le informó sobre las consideraciones jurídicas a las alegaciones presentadas durante el proceso.
Finalmente, el pasado 25 de febrero, nuevamente a requerimiento de la Defensora del Pueblo de fecha 11 de febrero de 2015, se envía más información con una “exposición detallada y razonada de los motivos que han llevado al Ayuntamiento a proceder al cambio de la forma de gestión de la prestación del servicio público municipal de abastecimiento y saneamiento del municipio de Alcázar de San Juan”, tal como se le había solicitado al Consistorio.
Por todo lo anterior, para el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan queda demostrado que cuando los miembros de la plataforma del agua salen en rueda de prensa acusando al equipo de Gobierno de ocultar información a la Defensora del Pueblo, ésta ya tenía en su poder toda la documentación que había solicitado, algo que nunca se le ha negado desde que se inició el proceso de cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar.
No es cierto, por tanto, que el Ayuntamiento alcazareño esté incurriendo en una actitud de desobediencia ante la Defensora del Pueblo, porque en todo este proceso el equipo de Gobierno no ha tenido nada que ocultar. “Son los anteriores gestores de Aguas de Alcázar quienes están desde el principio tratando de ocultar todas las tropelías cometidas en la empresa municipal, que arrastraba una deuda de ocho millones de euros, razón por la que hay una causa abierta en el Juzgado de Alcázar de San Juan y por la que hay varios imputados, entre ellos el ex alcalde y el ex concejal de Ciclo Hidráulico”, aclaran desde el equipo de Gobierno municipal.
