El Ayuntamiento y Aguas de Alcázar, según dijo Puente “después de recibir unos escritos de los querellados”, entre los que se encuentra José Fernando Sánchez Bódalo, Benito Montiel y algunos técnicos, “pidió que se me llamara a declarar como imputado en la querella de Aguas por una supuesta sobrefacturación en una obra, la de evacuación de pluviales, porque tienen miedo que cuando se inicie el juicio sea llamado como testigo y por eso han intentado imputarme”.
El presupuesto total de la obra de evacuación de pluviales ascendía a 1.116.000 euros y, en su declaración, Puente apuntó que se la encontró ejecutada en más del 50% y que la partida por la que se le ha llamado como imputado por supuesta sobrefacturación no alcanza el 1% de este presupuesto (algo más de 8.000 euros). “Intentan hacer creer que todo es lo mismo, pero no es así. Este sobrecoste quedó regularizado en la liquidación de la obra”. En su declaración ante la juez argumentó que se superó el presupuesto inicial por “imprevistos que no venían presupuestados en el proyecto inicial”, concretamente un vallado que se realizó en la carretera “por imposición de la Consejería”.
“Mi imputación es una treta fácilmente desmontable, como así ha quedado claro en mi declaración. Lo que quieren evitar es que se sepa lo que pasó en Aguas entre 2007 y 2011; contrataciones irregulares, obras que se pagaron dos veces, etc.”. Puente dijo estar seguro que “no” irá como imputado, sino como testigo, que incluso no descarta presentarse como acusación particular en la querella. “Creo en la justicia y, lo que pasó en Aguas, al final se va a saber. Algunos querían llegar al Ayuntamiento para tratar de influir y que no salga a la luz”.
Ángel Puente ha sido la última persona llamada a declarar en las diligencias previas de la querella de Aguas, a partir de ahora, se abrirá el juicio oral.
REMUNICIPALIZACIÓN DE AGUAS
Preguntado por los medios al respecto de la intención de remunicipalizar Aguas de Alcázar que ha manifestado el nuevo equipo de Gobierno de Alcázar, Puente opinó que “es una maniobra más para tapar el pasado de Aguas”, pero que “duda” que pueda llegar a hacerse. “¿De dónde van a sacar 12 ó 15 millones de euros para hacerlo si el Ayuntamiento no tiene liquidez, como ya están viendo? Van a crear un problema en el Ayuntamiento”.
Al respecto de la posibilidad de retirar la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, para que se ejecute la sentencia que declaró nulo el Pleno y los acuerdos que iniciaron el cambio de gestión de Aguas, el ex-concejal del PP dijo que “tendrán que justificarlo o puede traer más problemas económicos de los que se piensan y generar un agujero en las arcas municipales, lo que puede generarles una responsabilidad patrimonial. La apelación se hizo por el bien común de los vecinos, no se puede tomar una decisión tan graciosa como retirarla así como así, a no ser que ya tengan preparados los 12 ó 15 millones que tendrían que devolver inmediatamente a Aqualia; si no los tienen pueden quebrar el Ayuntamiento. Antes de hacerlo lo tendrán que valorar los Servicios Jurídicos y llevarlo a Pleno, porque no se puede jugar con el dinero de los vecinos”.
Por último, y desde su experiencia como concejal, opinó que el nuevo equipo de Gobierno “se va a encontrar con una realidad muy dura. Con que tienen 18 millones de euros anuales en ingresos y unos presupuestos en gastos de 30 millones. ¡No pueden gastar más! Lo de hacer planes de empleo, becas de comedor, etc., está muy bien, pero ¿cómo lo van a pagar? Si encima quieren remunicipalizar, no sé cómo lo van a hacer».
