La pasada semana, la alcaldesa de la vecina localidad de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, anunció su intención de solicitar el traslado a su ciudad de la capitanía de la Guardia Civil, actualmente en Alcázar. Al ser preguntada por esta circunstancia, Rosa Melchor, alcaldesa alcazareña, opinó que “no afectará a la localidad», puesto que las funciones que tiene este cuerpo en la actualidad son básicamente de control del tráfico, ya que las cuestiones de seguridad urbana están en manos de la Policía Nacional.
El PP muestra su desacuerdo con estas declaraciones y asegura que el traslado de los mandos conllevaría también el del resto de efectivos, “porque la intención de la alcaldesa de Tomelloso es construir una Casa Cuartel en unos terrenos que hace años cedió el Ayuntamiento a la Guardia Civil”. Algo que aseguró podría afectar a las cerca de 60 familias que, en la actualidad, residen en Alcázar.
“No entendemos la indiferencia de la alcaldesa sobre este asunto. Pensamos que puede ser, bien por desconocimiento o por hacer concesiones a sus socios de extrema izquierda, más centrados en intereses sectarios y revanchistas que en defender los intereses de los vecinos”.
Ortega subrayó la importancia del trabajo que realiza la Guardia Civil en Alcázar, en colaboración con la Policía Nacional y local, en favor de la seguridad ciudadana. “Una labor que está dando resultados en los últimos años, reduciéndose los índices de delincuencia en la localidad”. Aparte de otras funciones propias de este cuerpo como la vigilancia externa en la prisión, control del tráfico y vigilancia de las fincas rústicas agrícolas.
Por último, señaló que el traslado de la Guardia Civil “no es comparable” al que se produjo en 2012, con el laboratorio de análisis de muestras enológicas, “que sólo afectó a 5 ó 6 trabajadores, no a 60 familias”.
