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Castilla-La Mancha

Elena de la Cruz se reúne con la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental

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La Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se ha reunido en Albacete con Francisco Belmonte y Miguel Barnuevo, presidente y vocal respectivamente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, en Albacete, para tratar con ellos diversos asuntos de actualidad relacionados con la gestión del agua en diversas zonas de la provincia.

De la Cruz, que ha asistido al encuentro acompañada del recién nombrado Director Gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, y del delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, les ha hecho entrega a los regantes de las alegaciones presentadas esta misma semana por la Agencia regional ante el Ministerio de Agricultura para intentar reconducir la situación en la que los ríos Quejola, Jardín y Lezuza y la zona de los Llanos quedan en los órganos de gestión hídrica. A la reunión han asistido también el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y el diputado nacional Manuel González Ramos.

Se trata de una modificación propuesta por el Consejo Nacional del Agua a un Decreto del Gobierno de España por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que requiere a la Administración General del Estado a que realice una delimitación más precisa de los citados ríos y sus cuencas.

El nuevo proyecto de Real Decreto pasa a agrupar el entorno fluvial citado como una “cuenca” endorreica, es decir, cuyos cursos no desembocan en el mar o en otro río que sí lo haga. En sus alegaciones, la Agencia discute que los ríos reseñados formen una “cuenca endorreica” por tratarse de un “término legalmente inexistente”. También que formen un “sistema” según la terminología empleada en la planificación hidrológica.

Estas cuestiones jurídicas son de suma importancia, ya que tras ellas podría ocultarse un interés del Ministerio por extraer este conjunto de ríos y sus zonas regables del ámbito de gestión de la cuenca del Júcar para integrarla en el Segura, algo que no desean los regantes de la comarca albaceteña del Campo de Montiel, donde están encuadrados.

La consejera se ha comprometido con los regantes albaceteños a mantener el máximo grado de contacto con ellos desde la Consejería y desde la Agencia del Agua. “El presidente nos ha pedido que estemos pegados al terreno, que dialoguemos, que escuchemos y mantengamos una actitud de colaboración con los ciudadanos y organizaciones de la región. El agua es un elemento vital para la agricultura, el turismo, la industria, para el desarrollo, por lo que va a ser una prioridad durante este mandato, no un asunto de segunda fila”.

De la Cruz ha recordado que Emiliano García-Page se ha comprometido a pedir una revisión de los planes hidrológicos porque se han redactado de espaldas a la región.

Cancarix

Otro aspecto que se ha tratado en la reunión y sobre el que la Consejera se ha comprometido a ahondar en próximas fechas es la gran preocupación entre un sector de los regantes albaceteños y las administraciones públicas por la declaración de interés regional de un proyecto presentado por una SAT en Cancarix y que fue aprobado por el Gobierno regional anterior en el tramo final del mandato.

Aprobado por la Consejería de Agricultura a mediados de junio, el decreto posibilitaría la transformación en regadío de 862 nuevas hectáreas. Este hecho ha levantado una enorme polémica entre otras sociedades formadas por pequeños productores que explotaban regadíos en la zona con anterioridad, ya que consideran que esta nueva concesión alteraría la calidad de las aguas para riegos en Minateda, La Horca y Agramón.

Elena de la Cruz ha aclarado a este respecto que aunque se trate de una competencia de Agricultura, la Agencia del Agua colaborará jurídica y técnicamente al máximo para desentrañar todos los aspectos que han rodeado la aprobación del decreto por las implicaciones que puede tener en el incremento de la salinidad del agua.

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