“No es lo mismo retirar o desistir de un recurso de apelación que no presentarse a declarar ante el requerimiento del Tribunal. Aunque en la mayoría de los casos el juez suele entender que se desiste de la apelación, existe la posibilidad que admita a trámite el recurso y este siga adelante”. Ruíz de Osma considera que las explicaciones que dio el portavoz del Gobierno de Alcázar, Gonzalo Redondo, al respecto de la decisión de “no personarse” ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, “no son suficientes” y pide al equipo de Gobierno que diga los motivos que les llevaron a optar por esta vía y no por la retirada del recurso. “La retirada del recurso haría firme la sentencia que anuló el pleno que inició la venta de Aguas. De este modo existe la posibilidad que no sea así, lo que nos inquieta”.
En el caso que el motivo sea evitar el coste económico que puede suponer la retirada del recurso de apelación, desde la Plataforma piden que “se explique” y que “se valore si merece la pena jugársela a esa carta por tener un ahorro”.
Ruíz de Osma aseguró que en la constitución de la Mesa del Agua, como así le han trasladado los representantes de la Plataforma que estuvieron presentes, “no se explicaron las razones de esta decisión” y que, tras informarse, han conocido que puede “existir el riesgo que el juez admita a trámite la apelación”, motivo por el que trasladan esta pregunta al equipo de Gobierno.
REMUNICIPALIZACIÓN
El portavoz de la Plataforma del Agua habló también sobre las declaraciones realizadas por los directivos de Aqualia en las pasadas semanas, en alusión a que “no se quieren ir de Alcázar” y a la “calidad” del servicio que ofrecen. A este respecto, Ruíz de Osma aseguró que el servicio “ya era de una gran calidad antes que entrara Aqualia en la gestión” y que la reacción de los directivos se debe a que “se han dado cuenta que la remunicipalización se va a hacer real y se tendrán que ir”.
Insistió en que el dinero que tendrán que reembolsar a Aqualia desde el Ayuntamiento no será superior a los 9 millones de euros, contando el préstamo de 6,5 millones y el depósito “que se lo hubieran llevado igual después de 25 años”. Un coste que valoró “inferior” a los beneficios que obtendría la empresa de permanecer en la gestión de la empresa durante todos los años fijados en el contrato, “billones de euros de todos los alcazareños”.
