Cargando...La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas negociará con los sindicatos en una mesa sectorial la búsqueda de una solución al conflicto creado y ofrecerá a los trabajadores interinos de la Junta una salida favorable, que se negociará y concretará con los sindicatos en una mesa sectorial.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declarando nulo el despido de interinos que en el año 2012 llevó a cabo el anterior Ejecutivo regional ratifica la posición que ha mantenido el Gobierno de Emiliano García-Page en este asunto, en el que siempre se ha mantenido al lado de los trabajadores.
Para el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, esta sentencia, que estima el recurso contencioso administrativo de CCOO contra la orden de Cospedal por la que se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Personal Funcionario, Escala de Sanitarios Locales en las especialidades de Farmacia y Veterinaria, confirma que “las cosas se habían hecho mal” por parte del anterior Gobierno.
La sentencia del Alto Tribunal castellano-manchego, que falla en el mismo sentido que ya lo hizo hace seis meses con los recursos que presentaron UGT y STAS sobre este asunto, pone de manifiesto las erróneas decisiones de Cospedal respecto a los interinos, a los que ahora los tribunales les dan la razón.
Ruiz Molina ha señalado que “el Ejecutivo anterior sigue así acumulando sentencias desfavorables, que, además, le están costando al contribuyente castellano-manchego muchos millones de euros, respecto de los cuales alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad”.
Además, ha indicado el consejero, la sentencia pone de manifiesto que “con los derechos de los ciudadanos y, en este caso de los trabajadores, no se juega”.
Cumplimiento de la sentencia
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado que la Junta cumplirá la sentencia del TSJCM, que no va a recurrir.
En la mesa sectorial y de acuerdo con los sindicatos se estudiará la forma en que el Gobierno regional ejecuta la sentencia.
