La publicación en el BOE de las sanciones ha levantado la crítica política contra Sánchez Bódalo por parte de UCIN, que lo acusa de “apoyado por el PSOE, quebrar CCM” y ser responsable de “la pérdida de un gran número de puestos de trabajo”. Mariano Ormeño apuntó que “se le sanciona por aprobar operaciones de crédito sin la necesaria cobertura, en una gestión del pelotazo y el amiguismo”. En este sentido afirmó que «con su gestión en el Consejo de Administración, puso en peligro la solvencia de CCM que la llevó a la quiebra» y añadió que el Banco de España «ha puesto fin a la corrupción al frente de una entidad financiera.
Igualmente señaló que la intervención de CCM “costó un aval de 9.000 millones de euros que salieron de los impuestos de todos los españoles”. Relacionó el aeropuerto de Ciudad Real con “una de las operaciones de crédito vergonzosas” por las que CCM fue a la quiebra y preguntó al PSOE “¿por qué no asume responsabilidades? ¿Consideran que esto no es suficiente para la inhabilitación política de Sánchez Bódalo, en lugar que siga en el equipo de asesoramiento de Emiliano García Page en la ejecutiva regional del partido?”.
Ormeño también culpó al Partido Socialista de «haber permitido en todo momento estas acciones dejando que Sánchez Bódalo siguiera siendo concejal y vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real».
Por otro lado, apoyado en la afirmación que hizo sobre que José Fernando Sánchez Bódalo «está en la Ejecutiva regional del PSOE asesorando a Emiliano García-Page», el dirigente de UCIN manifestó que «ha utilizado su influencia para que Regina Leal sea la gerente del SESCAM y Gonzalo Redondo, vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real».
Por último, consideró «inmoral que Redondo cobre 58.000 euros al año con 3.600 parados en Alcázar de San Juan» y le instó a que «done parte de su sueldo para planes de empleo».
