Cargando...Efectivamente, en la subcomisión para el Seguimiento del Acuerdo de Investidura relativa a Rescate Ciudadano celebrada el pasado 29 de julio el gobierno mostró una gran laxitud en lo relativo al Acceso a universal e igualitario a los servicios sanitarios, recogido en el Acuerdo de Investidura. Las únicas medidas que, según el Gobierno, se iban a llevar a cabo serían: – La adhesión de la Consejería de sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha a la “petición” formulada por otras comunidades (en el Consejo Interterritorial del sistema de Salud celebrado el 29/07/2015) “para que el gobierno derogue el Real Decreto 16/2012”, que quebró la universalidad del sistema público de sanidad y lo convirtió en un sistema de aseguramiento. – El dictado de “instrucciones” a los centros sanitarios para que “se atienda a todo el mundo y no facturar la asistencia sanitaria a nadie, ya sea por motivos de nacionalidad, religión raza o género”.
Estas medidas resultan del todo insuficientes. No se le pretende dar publicidad alguna a esa “instrucción” en las provincias, por lo que la población en riesgo (el Real Decreto no sólo excluye a los inmigrantes en situación irregular, sino también a otros colectivos: ancianos con papeles que llegan mediante la reagrupación familiar, parados sin prestación o ciudadanos con más de tres meses de permanencia en el extranjero) seguirá sin acudir, incluso, a la atención primaria. Esta “medida” no garantiza, por tanto, su acceso a los servicios sanitarios, ni a pruebas diagnósticas para las que se requiere la tarjeta sanitaria, ni a atención especializada, etc.
No basta con dar una “instrucción verbal a los directores provinciales para atender “a todo el mundo”, es necesario proceder inmediatamente a la devolución de las tarjetas sanitarias o cualquier otro sistema análogo o complementario sin el cual: no se tiene acceso a un historial médico y, por lo tanto, resultan imposibles las derivaciones a especialistas, con lo que las prestaciones sanitarias efectivas (las “atenciones”) quedarán, en el mejor de los casos, circunscritas a problemas menores, los resolubles con una vista al médico generalista.
Precisamente este mismo 12 de agosto se comunicó a la opinión pública la “devolución” de la asistencia universal a los inmigrantes sin papeles en Aragón a partir del día siguiente, 13 de agosto: uno de los puntos del acuerdo de investidura comprometido también con Podemos en esa región. ¿Cómo? A través de “un documento temporal acreditativo” que proporciona “un acceso reconocido por doce meses”, prorrogable, a todos los servicios sanitarios. Días después, el 17 de agosto, ocurría otro tanto en Cantabria: mediante una tarjeta con validez por un período de dos años similar a la del resto de usuarios.
Por su parte, en Castilla-La Mancha, el gobierno de García-Page anunció ayer, a través del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que devolverá el acceso a la universidad de a los inmigrantes. Este anuncio es insuficiente para Podemos porque sigue sin concretar plazos ni explicar el desarrollo y método de la acción, por lo que por el momento parece que el anuncio tiene más tintes propagandísticos que visos de ser una medida política definitiva.
Asegurar el acceso universal a la sanidad es indispensable y también posible en el marco legislativo de la Unión Europea, al contrario de lo expuesto por el secretario de Estado de Sanidad, Rubén Moreno. Moreno amenazó con “multas millonarias” de la Comisión Europea a las Comunidades Autónomas que habían reintroducido la tarjeta sanitaria para inmigrantes, declaración que ha sido desautorizada por las mismas instituciones europeas.
