Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha expresado esta mañana su malestar por las palabras de Bermúdez de Castro (PP) sobre las posibles multas millonarias que las comunidades autónomas pueden recibir si asisten a personas enfermas, en este caso sin papeles de residencia.
El responsable de comunicación de la formación, Jacobo Medianero, ha valorado estas palabras como una amenaza nada velada e ideológica que buscan, según destaca, “que las comunidades actúen en base a una línea ideológica que es las del gobierno central.” Es sorprendente esta afirmación porque, de ser cierta, sin prestar servicio sanitario –aunque sí se presta de urgencia- a las personas sin papeles llevamos relativamente poco tiempo, por lo que Medianero asegura que “la Unión Europea debe llevar décadas multándonos por curar enfermos.”
Así, Medianero espera que Castilla-La Mancha acabe con esa discriminación que, para más inri aunque no sea la cuestión principal, ni siquiera es rentable económicamente. “Son decenas los profesionales que aseguran que dejar enfermar a personas por no tener papeles hasta el punto de tener que atenderlos de urgencia es más caro y, además, puede suponer, según las enfermedades, incluso amenazas para la salud pública.” “Los enfermos deben ser curados, no esperar mirando mientras su salud se deteriora para actuar en el último momento. Es un sinsentido y es inhumano.”
Además, Medianero no ha querido dejar pasar la oportunidad para recordarle al Gobierno Central, “ahora que está tan preocupado por lo que pueda pensar Europa”, algunas cuestiones que sí nos suponen ya tirones de orejas, reprimendas o multas. La más importante los más de 18 millones de euros por datos de gasto sanitario de la Comunidad Valenciana, pero en 2015 también nos han multado por las irregularidades presentadas en las ayudas al empleo (3 millones de euros por cuatro comunidades, entre ellas la que gestionaba el gobierno Cospedal); multas por incumplir las obligaciones en materia de aguas residuales; nos han declarado ilegal, la justicia europea, un punto de nuestra Ley de Extranjería que cambia la expulsión por una multa; entre muchos otros “tirones de orejas.”
