«El gobierno de María Dolores Cospedal decidió que la atención personalizada a mujeres víctimas de violencia machista en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha se podía suprimir. Era innecesaria. Hasta entonces, las mujeres que acreditaban esta condición eran atendidas por profesionales con formación específica en las oficinas de empleo. El despido en 2012 de los 188 orientadores que se encargaban, entre otras funciones, de esta labor, supuso asimismo una dificultad añadida para todas aquellas mujeres que, después de un maltrato, necesitaban alcanzar la independencia económica y personal imprescindible para romper el vínculo con su agresor y lograr su efectiva recuperación íntegra.»
«La supresión de los puntos de atención profesional a VVG en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha supone una vulneración de los derechos para este colectivo, que cuenta con especiales dificultades para encontrar un empleo, dadas sus circunstancias. «Cuando una mujer ha sufrido maltrato, no se debe permitir ni un sólo recorte de sus derechos. La situación de violencia sufrida conlleva el aislamiento del mundo laboral y social, el deterioro de la propia autoestima personal y probablemente, el hecho de tener que hacerse cargo en exclusiva de los familiares dependientes. En otras ocasiones, se hallan en la necesidad de trasladar su residencia habitual a una localidad distinta para su protección personal, lo que a menudo implica la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo», declaran integrantes de la asociación Orienta-CLM.»
«El acceso a un puesto de trabajo es, en la mayoría de los casos de mujeres que se enfrentan a una situación de maltrato, una necesidad prioritaria. Así lo determina ONU mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. La respuesta a la violencia de género desde la administración pública no puede ser el silencio, y mucho menos, hacer más difícil a una mujer que ha sido maltratada su particular proceso de búsqueda de empleo. Así de contundente debe ser la respuesta y así lo reivindican estos profesionales, cuyas plazas se suprimieron en 2012, y que conocen a fondo las dificultades por las que pasaban las víctimas de violencia que acudían a las distintas oficinas de empleo castellanomanchegas.»
«Aunando los esfuerzos del personal de la orientación, desde la asociación Orienta-CLM, de reciente creación, no se cesa en lucha de visibilizar la importancia que tiene para la ciudadanía, y en especial para aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción, un servicio de orientación laboral dentro de las oficinas públicas de empleo que garantice la confidencialidad de los datos de la persona desempleada, facilite su búsqueda de trabajo, e intermedie de manera efectiva entre la oferta y la demanda existente.»
