Cargando...Aseguró que la concejala de Servicios Jurídicos, Amparo Bremard, “miente” con esta aseveración y que el citado despacho de abogados, contratado por el Ayuntamiento durante el pasado mandato, “nunca ha actuado sin pedir instrucciones”. Consideró que el “responsable” de lo sucedido es el propio equipo de Gobierno y aseguró que “estamos en manos de ineptos con una dudosa actitud por defender los intereses generales de los vecinos”.
Ormeño comenzó aclarando que el despacho de abogados al que se refirió Bremard “no fue contratado por Ángel Puente y por mi, sino por el Ayuntamiento mediante una licitación pública”. Apuntó que se contrataron estos servicios fuera de la localidad “porque nadie en Alcázar quería hacerse cargo, ante el ambiente de crispación que se vivía en la primavera de 2014”. Por este motivo explicó Ormeño que se decidió que los abogados no fueran de la provincia “para que no estuvieran influenciados y defendieran los intereses del Ayuntamiento con la mayor objetividad posible”.
Dicho esto, explicó que “cualquier despacho de abogados requiere siempre las instrucciones de su cliente antes de actuar. Así se hizo cuando yo estaba al frente de la Concejalía de Servicios Jurídicos y así es como debería haber continuado”. Por este motivo, desde UCIN, están convencidos que Bremard “miente” con sus declaraciones. “Otra cosa es que pidan estas instrucciones y el concejal encargado no les conteste, entonces, como defensores jurídicos del Ayuntamiento, deben actuar, porque se les podría acusar de omisión del deber”. Esta es la posible explicación que dio Ormeño a lo sucedido, apuntando que, en tal caso, “seguirían con la misma línea argumental que han estado llevando a cabo hasta el momento”. Por otra parte, opinó que “de no haberse filtrado en Facebook” el escrito de conclusiones, “nada de esto habría sucedido” y retó a Bremard a desmentirle.
Ormeño sugirió que lo ocurrido con el procedimiento 312/2014 puede deberse a “una guerra interna en el PSOE”, ya que el recurso al que hace mención fue presentado por la ex-concejala socialista Ana Belén Tejado y “apoyando” las actuaciones llevadas a cabo en el mismo por los abogados, con las directrices del anterior equipo de Gobierno, “eliminan a la oposición dentro del PSOE”. Expresó que “si esta no es la causa”, las otras posibilidades son que “tal vez a la concejala se le olvidó dar instrucciones” o que el equipo de Gobierno “decidió que eran correctas las actuaciones que se habían llevado a cabo y decidieron no hacer nada”.
En cualquier caso, desde UCIN no están de acuerdo con la actuación de Bremard de “responsabilizar a los demás y salpicar a todo el mundo, atacando la profesionalidad del despacho de abogados”. Ormeño consideró que el hecho que la concejala haya puesto su acta de concejal a disposición de Alcaldía “es una pantomima, porque no dimitirá nunca, la alcaldesa no la va a admitir. Es una estrategia para quitarse de encima a unos abogados que han actuado como tienen que actuar. Estamos en manos de ineptos, con dudosa actitud por defender los intereses generales”. En este sentido mencionó que el citado bufete ha llevado para el Ayuntamiento más de 200 acciones judiciales y ha conseguido sentencias “favorables a los intereses de los vecinos”, como la que obliga a una empresa a ingresar 3,5 millones de euros en concepto de recaudación de impuestos no abonados.
Por último, en relación al motivo económico esgrimido por Bremard para “no prescindir” de los servicios de los abogados cuando el nuevo Gobierno tomó posesión, Ormeño opinó “no pueden pagar dos veces por el mismo servicio, cuando el coste del contrato del bufete, por 18 meses, asciende a 54.000 euros, porque no hay dinero; pero sí pueden pagar por decreto 65.000 euros a un interventor”.
