Cargando...Así lo comunicó Mariano Ormeño a los medios, contradiciendo las afirmaciones de la alcaldesa, Rosa Melchor, de que esta sentencia “no afecta a la remunicipalización”. Si se hace firme, “ratificará la validez del contrato con Aqualia y habrá que poner 20 millones de euros sobre la mesa para volver a la gestión directa del servicio”.
La sentencia de este proceso llega al cumplirse el primer año de gestión de la Empresa Mixta, tras el que Aqualia ha hecho públicos los principales datos e hitos alcanzados. Aqualia recuerda que ha invertido un total de 9.367.798,98 € en Aguas de Alcázar “para convertirla en una empresa que presta un servicio público de manera eficiente». Según las auditorías de cuentas, la sociedad se encontraba en causa de disolución antes de que se convocase el concurso público, “con lo que fue esta inversión lo que le permitió afrontar pagos pendientes y emprender mejoras en el servicio”.
Mariano Ormeño, representante de UCIN, apoya esta misma visión y destacó la «legalidad» con la que se hizo el cambio de gestión, «algo que ahora viene a demostrar esta sentencia. El juez ha dado la razón al anterior equipo de Gobierno. Fuimos honestos y cumplimos estrictamente la Ley». También opinó que «pone en evidencia» al Gobierno actual «que utilizó la remunicipalización de Aguas como bandera para entrar en el Ayuntamiento, engañando a los ciudadanos y no allanándose en este procedimiento».
El juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Ciudad Real argumenta que “no ha lugar” a la anulación del Pleno del 24 de julio de 2014 y considera “motivada” la urgencia “al tratarse de un servicio esencial para los ciudadanos”, así como “desestima” también la necesidad de una “mayoría absoluta” para la aprobación de la adjudicación del servicio, “por no encontrarse entre los supuestos” que regula la Ley de Bases del Régimen Local relativos a “municipios con más de 250.000 habitantes o capitales de provincia”.
Ormeño opinó que «si realmente quieren remunicipalizar, lo que tienen que hacer es sentarse a negociar con Aqualia y poner 20 millones de euros encima de la mesa, que es lo que costará devolver los 6,5 millones de euros del préstamo más los intereses, 1 millón del canon de utilización de la red de alcantarillado, 500.000 euros de prima, 1.066.000 euros de las acciones más 8 millones por la rescisión del contrato (lucro cesante)».
Por último, contradijo la afirmación de la alcaldesa, Rosa Melchor, de que esta sentencia «no afecta a la remunicipalización», asegurando que «sí afecta y mucho, porque si nadie la recurre y es firme está reafirmando la validez del contrato entre Ayuntamiento y Aqualia FCC, independientemente que tengan sentencia favorable anulando el Pleno del 13 de octubre de 2013, donde se aprobó la memoria. Hay otro Pleno, celebrado en mayo de ese mismo año, en el que nuevamente se llevó a aprobación esta memoria y los pliegos que se rectificaron por indicación del Tribunal de Recursos Contractuales. No van a poder hacer nada y tendrán que dar explicaciones de por qué no se allanaron en el procedimiento iniciado por Tejado. Ahora no pueden hacer nada y tienen que acatar la sentencia. No pueden recurrir, ni apoyar a Ana Belén Tejado, porque estarían cometiendo un delito de prevaricación. El Ayuntamiento no puede ir contra sí mismo, tiene que velar por el interés general de todos los ciudadanos”.
¿Merece la pena remunicipalizar Aguas?
El representante de UCIN dijo que esta es la pregunta que tiene que hacerse el equipo de Gobierno local en estos momentos, ya que para recuperar el servicio tendrá que pedir un préstamo y “valorar lo que suponen los intereses en los próximos 25 años y si merece la pena ese esfuerzo económico, en lugar de dejar que finalice el contrato con Aqualia y recuperar de nuevo el servicio dentro de 24 años”.
Ormeño cree que si se opta finalmente por la remunicipalización “llevarán al Ayuntamiento a la quiebra, como ya pasó años atrás con otros gobiernos socialistas. Deberían ser responsables y pensarlo bien antes de dar este paso”.
