La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, y el alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras, han firmado un protocolo mediante el cual la Junta de Comunidades entrega al Ayuntamiento una finca urbana de 555 metros cuadrados de superficie entre la Avenida de la Constitución y la antigua carretera Nacional IV.
Está cesión, completamente gratuita, permitirá al Gobierno municipal enlazar ambas vías mediante una calle de nueva construcción que está contemplada en el Plan de Ordenación Municipal (POM) para facilitar las comunicaciones terrestres en una zona que comparte usos industriales y las principales áreas dotacionales de esta localidad toledana de cerca de 11.000 habitantes y cuyas principales empresas se agrupan en el entorno de la travesía, antigua carretera nacional.
El Ayuntamiento venía reclamando la cesión de la parcela desde tiempo atrás y formalizó la solicitud mediante un acuerdo plenario aprobado el pasado 26 de noviembre. El alcalde ha agradecido la inmediatez en la respuesta de la Consejería a fin de mejorar el tránsito de vehículos pesados en una zona que además presenta cierta saturación en cuanto a la disponibilidad de suelo.
Más suelo industrial
Precisamente esa cuestión ocupaba un lugar central en la reunión que Elena de la Cruz mantenía con un grupo de empresarios locales y varios miembros de la Corporación municipal de Madridejos a la que también asistía el director provincial de Fomento en Toledo, Pascual Aguado.
Los empresarios aseguran que no han obtenido una respuesta eficaz en su persistente demanda de ampliación de la superficie industrial de la localidad, un aspecto que la consejera se comprometió a resolver a través de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, cuyo ritmo de convocatoria de las pertinentes Comisiones de Urbanismo ha aumentado de forma considerable desde la toma de posesión del Gobierno regional actual. El colectivo de empresarios de Madridejos asegura que de disponer de mayor superficie, muchas de las industrias instaladas allí estarían en condiciones de incrementar su actividad y generar nuevo empleo aprovechando la apertura de canales de comercialización en el sector exterior. El alcalde confirmaba la intención del Ayuntamiento de cerrar negociaciones con un agente urbanizador para desarrollar ese posible nuevo suelo, ya que no cuenta con suficientes recursos financieros propios para acometer la inversión.
Otro de los asuntos que se planteaban en la reunión es la preocupación de las industrias agroalimentarias de la zona por el uso del agua. Varios empresarios han transmitido a la consejera su indignación por los problemas en las concesiones desde la Confederación Hidrográfica, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuyas trabas están dificultando el desarrollo de pequeñas explotaciones que están supliendo la caída de actividad de negocios vinculados a la construcción en la economía de la zona.
Elena de la Cruz recordaba a los empresarios que la Junta de Comunidades no sólo ha mostrado abiertamente sus discrepancias con la política hídrica del actual Gobierno de España, sino que tiene varios frentes jurídicos abiertos para aumentar las concesiones de agua en diferentes puntos de la región al considerar que se está favoreciendo a regiones limítrofes en detrimento de Castilla-La Mancha, donde numerosos emprendedores se enfrentan a problemas de restricción en el acceso al agua a la hora de lanzarse en sectores como la agricultura, la ganadería o la industria.
Intermediación hipotecaria
Por otra parte, la consejera y el alcalde de Madridejos suscribían un segundo convenio mediante el cual, el Ayuntamiento se agrega al programa de intermediación hipotecaria puesto en marcha por la Consejería de Fomento a través de seis oficinas dispersas por toda la región. El acuerdo hace referencia a la difusión de los servicios de la red de oficinas desde el ámbito municipal, a la labor de actividades de información y acompañamiento de ciudadanos que puedan necesitar esos servicios o a colaborar en la búsqueda de soluciones habitacionales en caso de que familias de la localidad lleguen a necesitar una alternativa tras una hipotética pérdida de su vivienda habitual.
