Las sanciones ascienden a un importe de 301 euros, para cada una de las cuatro personas multadas y de 900 euros para Juan Garrido, que en su momento se consideró el responsable de convocar, durante tres días, las manifestaciones espontáneas en la Plaza de España sin la solicitud previa de los permisos correspondientes.
A pesar de los recursos ante diferentes instancias como la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real, los Tribunales y ante el Ministro del Interior (instancia en la que suele finalizar el proceso y, en muchas ocasiones, se deja pasar) finalmente las sanciones deberán ser abonadas a inicios del próximo mes de enero.
El portavoz de la plataforma, Fernando Ruíz de Osma, recordó que, en su día, se habló con el ex-alcalde, Diego Ortega, para intentar retirar estas sanciones, puesto que la protesta por la que habían sido sancionados “en todo momento fue pacífica, no se produjo ningún altercado, no sufrió daños el mobiliario urbano, ni hizo falta la intervención policial. Simplemente se hizo ruido, con una cacerolada, durante algo más de una hora”.
Ruíz de Osma señaló que las multas “se pusieron con intención intimidatoria, para evitar que la gente protestara en la calle contra la privatización de Aguas de Alcázar”. Opinó que “esto es lo que han venido haciendo los Gobiernos del PP que creen que la Democracia sólo se expresa votando en las urnas cada cuatro años, cuando la protesta ciudadana pacífica también es una parte esencial de la Democracia”.
La Plataforma del Agua ya realizó una campaña, en su momento, para recoger fondos para hacer frente a estas sanciones. Una vez más, sacan a la venta calendarios, al precio de 5 euros, en apoyo a estos sancionados y para hacer frente a otras penalizaciones económicas que están por venir.
