FCC Aqualia presentó dos alegaciones, una relativa al posible conflicto de intereses de la alcaldesa, Rosa Melchor, y del concejal socialista Gonzalo Redondo, que participaron en el debate y en la votación que aprobó el allanamiento del Ayuntamiento en la demanda de la Plataforma de Aguas, que cuenta ya con sentencia favorable, anulando los acuerdos adoptados en el Pleno en el que se aprobó el cambio de gestión de Aguas de Alcázar y la memoria justificativa. Un conflicto suscitado, según explicó Ortega, porque “son juez y parte en este asunto, porque tenían condición de demandantes”.
La segunda alegación hacía mención a la “defensa del interés general” de los vecinos de Alcázar que consideran “se vulnera” con el acuerdo de allanamiento, “que se adoptó más por intereses partidistas de PSOE, Equo e IU”. Además, explicó Ortega que el allanamiento “es el primer paso para la remunicipalización que actúa contra la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, ya que tendrá un coste de 20 millones de euros, algo que sabe el PSOE y por eso actúa con prudencia, pese a las presiones de su socio de Gobierno, Equo, que llegó al Ayuntamiento con esa meta”.
Por último, Ortega aseguró que el “PP no va de la mano de Aqualia, pero defenderá siempre a las empresas que quieran invertir y generar empleo en Alcázar, que se comprometan con la localidad y solucionen los pufos que otros dejaron, como es el caso de FCC Aqualia, que ha facilitado la viabilidad de Aguas de Alcázar”.
