Cargando...Ángel Escudero y Bernardo Ramos, representantes de UGT en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, manifestaron su postura ante los medios de comunicación con respecto a la posible gestión, por parte de la Diputación provincial, del servicio de recaudación ejecutiva. El sindicato no sólo es “totalmente contrario” a esta medida, sino que critica la forma de actuar de la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, “que en ningún momento ha contado ni con los trabajadores del servicio, ni con los sindicatos”. Consideran que esta “decisión política” –que se dejó sobre la mesa en la Junta de Gobierno del mes de noviembre- “incumple el Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco que apuesta por mantener la gestión directa de los servicios municipales y, en su defecto, requiere del acuerdo unánime de la Comisión Paritaria para acordar cualquier cambio de gestión de los mismos”. Unos acuerdos que fueron rubricados por el PSOE.
Por otra parte, consideran que las “justificaciones” que ha argumentado Rosa Melchor para defender la gestión del servicio por parte de la Diputación, “no son ciertas”. El 20% en concepto de recargo de apremio que se quedaría el organismo provincial “es un dinero que no se queda en el Ayuntamiento de Alcázar y que oscila entre los 300.000 y 400.000 euros”. Además comentaron que “no es cierto tampoco que se vaya a recaudar más porque la Diputación disponga de más recursos para proceder a los embargos”. En este sentido, señalaron que en los últimos cuatro años se han finalizado un total de 5.584 expedientes, se han tramitado 3.274 actuaciones de embargo y 7.664 diligencias. “El servicio es efectivo y si se dotara con más recursos humanos y medios técnicos mejoraría aún más su eficacia”.
Desde UGT denuncian que, en los últimos años, “se ha mareado” al personal de recaudación ejecutiva, pasándolo de unos servicios a otros. De las cuatro personas que estaban al frente del mismo, en la actualidad hay sólo tres. Igualmente, desde UGT consideran que si se pudiera disponer de un intercambiador de recibos, solicitado ya a otras administraciones; así como de un servicio de asuntos jurídicos, del que carece en la actualidad el Consistorio, “los funcionarios de recaudación podrían realizar con mucha más eficacia su trabajo”. Igualmente defendieron que el servicio, prestado desde el Ayuntamiento, “es mucho más cercano a los vecinos”.
Por último, el sindicato asegura “no entender” tampoco que se “justifique esta externalización” argumentando que es “un mal momento económico” para el Ayuntamiento, “porque también lo era cuando se decidió, hace 20 años, prestarlo directamente, precisamente para recaudar más dinero”. A este respecto, denunciaron también que “hablan de recortar gastos porque hace falta dinero, como las luces de Navidad o ahora externalizar un servicio que funciona, mientras pagan gratificaciones de 52.000 euros a algunos funcionarios, como el interventor accidental y 2.500 a otros afines a quienes administran el Ayuntamiento”. Los representantes de UGT pidieron a la alcaldesa “cordura y consenso” a la hora de tomar decisiones “que pueden resultar erróneas”.
