Cargando...Jacinta Monroy, vicepresidenta 1ª y responsable del Área de Atención a las Personas y Cooperación Municipal, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Pobreza Energética, ha dado a conocer estas cifras que afectan a más de seis mil familias de la provincia de Ciudad Real en lo que se refiere a poder cubrir necesidades básicas de energía como son la luz y el gas.
La crisis, el aumento de los precios de la energía y la caída de los ingresos de las familias, causado por la pérdida de empleo, han provocado que el porcentaje de población se incrementase de forma alarmante en los últimos años, llevando a un mayor número de personas a que en la actualidad se encuentren en situación de pobreza energética, hasta el punto de que no dispongan de recursos para cocinar o mantener la casa a temperatura adecuada.
La Diputación de Ciudad Real a través de los Servicios Sociales ha tramitado en 2015 un total de 46 resoluciones en las que se solicitaba ayuda para atender gastos de luz y/o gas de familias en riesgo de exclusión social o que reúnen las características de pobreza y necesidades económicas. «Gracias a estas ayudas se ha podido atender a más de mil familias. Si establecemos una media de cuatro miembros por familia, las cifras arrojan un resultado de más de 4.000 personas que han recibido esta atención durante el pasado ejercicio», añade Monroy.
Asimismo, la vicepresidenta ha asegurado que el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, se ha mostrado partidario de seguir manteniendo los programas de emergencia social «mientras la situación siga siendo angustiosa y exista una demanda desbordante».
Ha recordado también que la Diputación Provincial realiza anualmente la convocatoria de ayudas dentro del plan de emergencia, que abarca el período del 1 de enero al 15 de diciembre del año en curso, por lo que en estos momentos se están ya tramitando solicitudes correspondientes al presente ejercicio. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo que hacen los trabajadores sociales de los municipios, sobre los que recae la ardua tarea de llevar a cabo los informes y los expedientes además del seguimiento de las familias o personas perceptoras de la ayuda.
