El Grupo Popular defiende que la recaudación ejecutiva se venía prestando en Alcázar con “eficacia” y que “reporta beneficios económicos” para el Ayuntamiento, además que al ser ofrecido desde el propio Consistorio implica “una mayor cercanía” a los ciudadanos. No entienden que, en 1996, un Gobierno de PSOE e IU decidiera hacerse cargo del mismo “bajo el criterio de ofrecer un mejor servicio” y “ahorrar los costes” que hasta ese momento venía abonando el Ayuntamiento a la Diputación y “ahora tomen la postura inversa”.
Además consideran que “la externalización provocaría un perjuicio en la atención a los usuarios, por el mareo burocrático, aumento de trabas y posibles desplazamientos para la realización de gestiones relacionadas con el servicio”.
Por último, el PP muestra “su desacuerdo” con esta decisión “porque no se ha contado con los representantes de los trabajadores” y coinciden con UGT en que el 20% que se llevaría la Diputación provincial, más de 300.000 euros al año, “es una cantidad que dejará de ingresar el Ayuntamiento”.
Por estos motivos, piden que “se reconsidere la externalización”, que “se cuente con los representantes sindicales y el acuerdo de la Comisión Paritaria” y que “se dote el servicio de mayores recursos humanos, materiales y técnicos para incrementar su eficacia”.
