Con este encuentro se pretende denunciar la pasividad de la comunidad Internacional ante la evidente y continua vulneración de los derechos humanos y de la opresión de Marruecos contra este pueblo en el Sáhara Occidental.
Los congelados denunciaron la actitud pasiva de estamentos internacionales pero también del Estado Español, al que por esto consideran cómplice. Con la lectura del un manifiesto quisieron recordar la triste situación de los refugiados y reclamar su derecho de autodeterminación. Al acto acudieron representantes del ayuntamiento que recientemente se adhería, después de acuerdo en el pleno a la lucha a favor del pueblo Saharaui.
El texto del manifiesto que se leyó contiene las siguientes reivindicaciones:
El 27 de febrero se cumple el 40 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RAS), con tal motivo, desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y la delegación del Frente Polisario, lanzamos la siguiente propuesta para que en el conjunto de las instituciones, ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos ondee durante este día la bandera saharaui, como muestra de solidaridad hacia el pueblo saharaui, que hace frente pacíficamente a la opresión del pueblo marroquí y también para reclamar el derecho de autodeterminación que le corresponde.
Tras 40 años de lucha y resistencia, el Estado Saharaui, reconocido por la Unión Africana y por más de 80 países del mundo, representa hoy la determinación y voluntad de todo un pueblo para ejercer su derecho a la autodeterminación. Derecho reconocido por las Naciones Unidas a los países y pueblos bajos dominación colonial.
En estos 40 años, conforme al más estricto respeto al derecho internacional ha quedado de manifiesto que la presencia marroquí en el Sáhara occidental es ilegal y que no tuvo ni puede tener efectos políticos o jurídicos que mermen el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
La ONU ha definido esta presencia de manera explícita en la resolución 3437/1979 como mera ocupación militar que se prolonga desgraciadamente en el tiempo con todas las consecuencias de violencia, atropello y abuso a los derechos humanos más elementales que la comunidad internacional está obligada a defender y proteger.
El Sáhara Occidental no es un limbo jurídico y por consiguiente a sus habitantes les corresponden unos derechos que son inherentes a todo ser humano, derechos que garantizan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacional y que además formalmente reconoce hasta la potencia ocupante, Marruecos, al haber ratificado diversos tratados que los garantiza.
Además de esta ocupación militar y de las reiteradas vulneraciones hacia los derechos humanos, el pueblo saharaui padece la pasividad de la comunidad internacional, y de manera particular el silencio cómplice del Gobierno español en su calidad de potencia administradora que continúa teniendo una responsabilidad legal y política en esta tragedia.
