Cargando...Tajuelo es una de las personas cuyos antepasados, concretamente sus abuelos, aparecían mencionados en las polémicas placas. Defiende en todo momento que “no eran personas del régimen franquista, porque aún no existía, fueron asesinados por no querer adherirse a la revolución que se vivía en España en el verano de 1936. Carpinteros, pastores, tenderos o carreteros como mis abuelos, gente sencilla, de la calle”.
Para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, los familiares propusieron al Ayuntamiento retirar las frases que encabezaban estas placas, con formulismos propios de la época, ya que se instalaron en el Convento de los mercedarios en el año 1945. Al mismo tiempo pidieron que se mantuvieran los nombres de los caídos “que para nosotros, que somos los propietarios de las placas, es más que nada un símbolo de respeto hacia nuestros antepasados”.
Apunta también Tajuelo que la alegación presentada por los familiares se desestimó “por defecto de forma”, porque la documentación que les requirieron para que su reclamación tuviera validez administrativa “era prácticamente imposible de conseguir en 10 días, nos habría llevado años”. Esta documentación pasaba por las partidas de nacimiento y defunción de los 75 caídos, de quienes pagaron las placas y del resto del árbol genealógico hasta llegar a los descendientes en la actualidad.
Por otra parte, asegura que el alcalde de Herencia “nunca nos ha recibido personalmente, que no ha tenido en cuenta su propuesta, ni respetado el plazo para resolver el recurso que han presentado en el Ayuntamiento” y que “ha tergiversado” el asunto ante los medios de comunicación. “Por supuesto que estamos en contra de la dictadura franquista, pero también de todo el horror que se vivió durante la Guerra Civil. Consideramos que la Ley de Memoria Histórica, que sirve precisamente para eso, para recordar lo sucedido y que no se vuelva a repetir, no se está aplicando bien”.
Defiende que tanto la actitud del Comendador del convento, como la de los propios familiares, ha sido siempre “conciliadora”, buscando la “solución más óptima para todos” y que por parte del Ayuntamiento, “se ha actuado siempre por imperativo legal, sin tener en cuenta nunca a los familiares”.
