Según ha anunciado la diócesis ciudadrealeña en un comunicado, la investigación fue trasladada el pasado 15 de febrero a través del rector del Seminario Diocesano. Las mismas fuentes apuntan que «oportunamente se inició el proceso penal judicial sobre el sacerdote denunciado ante el tribunal diocesano».
El resultado de este proceso canónico se entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma el martes 9 de febrero de 2016. La institución aclara que «así se ha procurado en todo momento clarificar las acusaciones con exactitud y celeridad desde la presunción de inocencia que tiene como derecho todo acusado y el debido respeto del principio de confidencialidad de las supuestas víctimas sobre todo tratándose de menores de edad».
En su nota, la Diócesis de Ciudad Real manifiesta su «apoyo incondicional y la unión en el sufrimiento con las supuestas víctimas y sus familias». «Desde el inicio del proceso abierto en el ámbito eclesiástico, y siguiendo el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, se ha estado en permanente contacto con los familiares, poniendo a su alcance no solo toda la información de que se disponía sino también el apoyo y la ayuda de profesionales», puntualiza la diócesis, al tiempo que expresa su «profundo dolor» y su condena «firme y contundente» de cualquier delito de abuso de menores.
En este sentido ofrece su «disponibilidad» para colaborar con las autoridades judiciales «a fin de que se haga justicia». «La inmensa mayoría de los sacerdotes son ejemplares en el ejercicio del ministerio sacerdotal; que el Dios de la misericordia nos ayude y fortalezca», concluye el comunicado.
