Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de organización de la asociación, Joaquín Arias, junto al presidente, Leandro Ocón, a las puertas del Palacio de Fuensalida –sede del Gobierno regional–, donde han depositado unas 22.500 firmas para pedir que se reanude esta residencia.
De estas 22.500 firmas, la asociación ha recogido 22.400 en mano. Asimismo, ha recabado otras 2.000 por Internet así como 350 correos electrónicos que se han enviado al presidente regional, Emiliano García-Page, al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y a los portavoces los tres grupos parlamentarios en el Parlamento autonómico.
El secretario de esta asociación ha reclamado a García-Page que autorice esta modificación presupuestaria y que, en consecuencia, «abra las puertas de esta residencia antes de la próximas elecciones municipales y autonómicas».
«García-Page dice que tiene mucha sensibilidad social, pues que lo demuestre, que recoja el compromiso aunque sea difícil. Nosotros vamos a colaborar al máximo con la Administración», ha asegurado Arias.
Este mismo miércoles, tras depositar las firmas en el Palacio de Fuensalida, miembros de la Asociación Luz de la Mancha se han dirigido a la Consejería de Sanidad para depositar una copia del documento que acredita la validez de esas firmas. Además, se dirigirán a las Cortes para reclamarle a los grupos esta modificación en los presupuestos.
SITUACIÓN DE LA RESIDENCIA
Según ha explicado Arias, se trata de una residencia que lleva «cinco años parada» y que comenzó con el Gobierno de José María Barreda. Podría dar servicio a unas 42 familias y su paralización genera que muchos personas con problemas de salud mental se encuentren «solas, en su casa, a merced de lo que pueda pasar».
«La gente muere sola en su casa. Estas personas tienen crisis periódicas, tienen que tener un tratamiento muy riguroso, siempre tiene que haber cuidadores pendientes de ellos», ha lamentado el secretario de Luz de la Mancha.
Además, ha insistido en que no se arrincone este proyecto, en el que ya se han invertido 1,5 millones de euros, al tiempo que ha rechazado que estas familias tengan que ir a dos residencias privadas, con un coste de 2.000 euros por pacientes, porque no hay residencias públicas en la zona.
