Según recoge el escrito de acusaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados son T.M.S., dueño de la empresa que explotaba un finca en Alcázar de San Juan, y J.C.S.O., un trabajador que tenía capacidad también para contratar personal.
Los hechos se desarrollaron a partir de mayo de 2013, cuando se puso en explotación una fina y se contrataron a 25 trabajadores, todos ellos extranjeros.
Según el relato de las acusaciones, conocedores de la precariedad de la situación de los trabajadores afectadas, ambos se pusieron de acuerdo para su contratación sin que fueran dados de alta en la Seguridad Social.
La situación se descubrió en una actuación de la Inspección de Trabajo en colaboración con la Policía Nacional llevada a cabo el 27 de agosto de este mismo año.
