Como portavoz de los afectados, entre los que estaban representantes de consejos rectores y cooperativas, ha comparecido el presidente de la cooperativa Unidad de Lillo, Alfonso Juárez Mota, que ha apuntado que están «totalmente en desacuerdo con el último borrador» presentado por la Junta y que si el borrador se aprueba con estas condiciones, «posiblemente» tengan que «dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura».
«Estamos en desacuerdo en todo. En los porcentajes de leñosos, en las limitaciones a nuestros cultivos, en el cambio de uso de nuestras parcelas o en el uso de regadíos. Es que prácticamente no podemos estar de acuerdo en nada. Es el abandono definitivo total», ha apuntado Juárez antes de que todos los que han acudido hayan entrado a la Consejería a mostrar su rechazo ante estos planes y por lo que han requerido la presencia de agentes policiales, aunque no han tenido que intervenir.
APOYO DEL SECTOR AGRARIO
Así, ha asegurado que cuentan «con el apoyo» de organizaciones como Asaja, sindicatos, ayuntamientos, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha «e incluso de los ecologistas», ha agregado el portavoz de los afectados de una zona que abarca 106.414 hectáreas (ha) de municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo y que presenta cultivos de secano, pastizales, lastonares anuales o encinares y carrascales, entre otros.
«Basta con visitar nuestros campos para ver la cantidad de avutardas, sisones y aves que hay para ver que esto es una incongruencia total», ha apuntado Juárez, que ha manifestado que van a seguir «luchando hasta el final» por su patrimonio y por «dar el pan» a sus hijos.
Por todo ello, los afectados han presentado unas alegaciones con las que solicitan que el plan de gestión de la Mancha Norte «se ajuste a la realidad de las zonas ZEPA, solicitando la desafección de las hectáreas indebidas a la Unión Europea» y que no se autorice este plan «tal cual está redactado».
SEGURIDAD JURÍDICA PARA AGRICULTORES
Por su parte, Martínez Arroyo, ante la protesta que se ha producido en la Consejería, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado que la puesta marcha de estos planes de gestión es «la única forma de dar seguridad jurídica» a los agricultores, y que la elaboración de los mismos es «lo que han dictado los tribunales».
No obstante, el titular de Medio Ambiente y Agricultura ha afirmado que «solo va a haber obligación para muy pocos agricultores» de cumplir con las exigencias medioambientales y características de sus cultivos que marcan estos planes de gestión, «a los que se van a acoger de forma voluntaria» para «poder elegir la zona ZEPA con el agricultor» y pueda recibir ayudas de «los 23 millones de euros» que van a destinar a compensaciones.
El consejero ha cifrado en «2.000 kilómetros cuadrados (km2) (o 4,5 millones de ha)» la extensión de terreno al que va a afectar estas medidas; «menos del 4 por ciento de la superficie agraria de Castilla-La Mancha», ha añadido Martínez Arroyo.
«No se puede jugar con los intereses de los agricultores ni politizar una obligación de la Junta», ha advertido el consejero, que ha apuntado que han mantenido «25 reuniones» durante esta legislatura con organizaciones del sector para negociar estos planes y que, ha avanzado, la semana que viene continuarán en Tomelloso (Ciudad Real) con representantes de diversos municipios afectados.
Martínez Arroyo ha incidido en que lo que «más le preocupa» a los agricultores con estos planes de gestión es que para poder hacer inversión en un futuro con «cambios considerables» en sus cultivos, «van a tener que pasar por un informe ambiental que les dará seguridad jurídica».
