La presidenta nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), Lola Merino y la directora de la AGROTC – Oficina Nacional de Titularidad Compartida en la Explotación Agraria, Mariani Fuentes, se han reunido esta mañana en Toledo con el Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, Javier Carmona, para trasladarle algunas medidas que incentiven la incorporación de las mujeres a la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
Merino ha recordado que la Ley de Titularidad Compartida “es la mejor medida de igualdad entre mujeres y hombres, no sólo en el sector agrario, sino en general en el avance de los derechos de cualquier mujer trabajadora”. En este sentido, ha indicado que este sector es el motor de la economía, que hay que apostar por sus trabajadores para lograr el relevo generacional que necesita el campo, y conseguir que las mujeres que trabajan en el campo vean las ventajas de cotizar por el desempeño de su labor.
Por su parte, la directora de AGROTC ha puntualizado que también existe una “pésima interpretación” de la Ley de Titularidad Compartida en cuanto al régimen de ayudas. Fuentes, que desde octubre de 2017 ha atendido más de 200 consultas, aclara que desde su experiencia ha asesorado a numerosas interesadas en esta materia frente a distintas administraciones para que no pierdan sus derechos como los tendría cualquier otro agricultor a título principal.
“Las mujeres, recalca Fuentes, no se animarán nunca a darse de alta en Titularidad Compartida hasta que la administración no resuelva las trabas, las injusticias y el trato discriminatorio que se está produciendo en esta materia”.
La directora de AGROTC ha revelado que actualmente son muchas las mujeres que están haciendo separación de bienes y una solicitud de incorporación a la agricultura y al pago único de forma individual. “Es penoso que esto ocurra por no saber aplicar la Ley de Titularidad Compartida”.
No podemos consentir, aclara Fuentes, que muchas mujeres den un paso atrás y sigan sin poder darse de alta para trabajar en sus explotaciones agrarias y que muchas familias pierdan dinero y derechos en el régimen de ayudas.
