Cargando...En Toledo, el juez decano, Juan Ramón Brigidano, junto al fiscal jefe de la Fiscalía provincial, Luis Ibáñez, han leído un manifiesto que recogía las reivindicaciones de ambos colectivos dirigidas a la adopción de medidas por las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, a las puertas de los juzgados de la capital acompañados de alrededor de una veintena de profesionales del ámbito judicial.
Reclaman asimismo independencia judicial en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante jueces y magistrados, el amparo a los miembros en la carrera judicial en intromisiones de independencia o la supresión de magistrados designados por las cámaras autonómicas.
Demandan mayor inversión para mejorar la eficacia del servicio público, el incremento de las plantas judiciales y fiscales así como la modernización de edificios o la digitalización efectiva.
Desde el colectivo de fiscales solicitan que se derogue el sistema de plazos, la paralización de la implantación de justicia digital en tanto que no se garantice el funcionamiento de la misma o el refuerzo de independencia del Ministerio Fiscal y la autonomía presupuestaria del mismo órgano.
Brigidano ha reclamado, respecto a la independencia de estos órganos, que este concepto se materialice en el nombramiento de altos cargos, porque aunque los jueces puedan ejercerla «al cien por cien» –tal y como menciona en el caso de Toledo– hay que ponerla en práctica de «arriba a abajo».
TOLEDO
El juez decano en Toledo ha lamentado que la capital carezca de juzgados especializados, poniendo el acento en que «es muy grave» que el juzgado de violencia sobre la mujer no se dedique «exclusivamente a eso» teniendo que compatibilizar «su trabajo hasta las 12.00 horas con otras cuestiones», así como el juzgado de lo mercantil, que a la vez se ocupa de la impugnación de los suelos.
Así se ha quejado que haya uno o dos psicólogos para una población de 800.000 habitantes, generando una media de retraso de dos años en la emisión de un informe de un tema familiar.
También, preguntado por la asignación en materia judicial a la provincia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha calificado de «muy escasa» la creación de órganos en la capital fuera del juzgado de lo penal.
También ha cuestionado la aportación de 300.000 euros para el Instituto de Medicina Legal en Talavera, un proyecto «que aparece y desaparece» en estos presupuestos y que tiene un solar asignado. «Se pueden hacer una idea de lo que se puede hacer con 300.000 euros», ha afirmado.
ALBACETE Y GUADALAJARA
En Albacete, medio centenar de jueces y fiscales han acudido al acto en que se ha dado lectura al manifiesto elaborado por ambos colectivos de profesionales para pedir las mejoras y reivindicaciones planteadas, en el Salón de Actos del Colegio de Procuradores.
De la lectura del mismo se han encargado el delegado provincial de la Asociación de Fiscales, Ramón Sánchez Melgarejo, y José Ramón Solís, representante provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque ha habido presencia de todas las asociaciones de jueces y fiscales.
En Guadalajara, jueces y fiscales, también se han concentrado ante las puertas de los juzgados de la capital para decir «basta» a las condiciones «tercermundistas» en las que trabajan y para pedir la mejora de la justicia, según ha expresado el decano de los jueces, Jesús Villegas.
CIUDAD REAL
En Ciudad Real han sido unos 40 jueces y fiscales los que se han concentrado ante los juzgados de Ciudad Real para exigir mejoras laborales que posibiliten una mejora del sistema judicial español a partir del cumplimiento de las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales y fiscales para la Administración de Justicia.
Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón; el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete; y la jueza decana, María Isabel Serrano, que ha leído el manifiesto.
En Cuenca, una veintena de jueces y fiscales se han concentrado a las puertas de los Juzgados de la capital, entre los que se encontraba la fiscal jefe, María Isabel Gómez, que es la que ha dado lectura al manifiesto en el que, como el resto de provincias, ha reivindicado mejoras laborales en el sector.
