AMFAR secunda esta concentración porque está convencida de que atentar contra la caza supondría mandar a la ruina a numerosos municipios cuya renta depende de la caza, habría despoblación, aumentarían los daños en la agricultura y en la ganadería y acabaríamos con la conservación sostenible de nuestros recursos naturales.
No en vano, la actividad cinegética registra un impacto económico de 604 millones de euros anuales en la región castellano-manchega, lo que suponte el 1,7% del PIB de la región.
Además y gracias a la caza, en Castilla-La Mancha se han registrado casi 24.000 puestos de trabajo al año, entre los que se contabilizan cada vez mayor contratación de mujeres que han percibido en la caza una verdadera oportunidad laboral que permite dinamizar la actividad económica en las zonas rurales, fijar la población, frenar el envejecimiento y mejorar las condiciones de vida de nuestro ámbito rural.
