El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, se reunió durante la tarde-noche del miércoles en Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para abordar las ayudas urgentes para los damnificados por los incendios forestales que se han producido durante los meses de junio, julio y agosto en distintas Comunidades Autónomas. Ayer mismo se aprobó el Real Decreto Ley que fue analizado durante la reunión del miércoles, una reunión, en palabras de Labrador que “destaca el compromiso del Gobierno de España para restaurar con urgencia los daños ocasionados por los incendios y coordinar una serie de ayudas en todos los ámbitos -personales y materiales- y ayudas fiscales, como la reducción del IVA, mejoras laborales o ayudas a mancomunidades y ayuntamientos”. El delegado del Gobierno ha querido también destacar la “colaboración con la Junta de Comunidades de CLM en ayudas para la reforestación en aquellos supuestos que hayan tenido una especial relevancia”.
“El Gobierno de España, consciente de la necesidad de paliar, en la medida de lo posible, los daños personales y los daños materiales sufridos y de apoyar a todos los sectores en estos incendios, se ha aprobado un Real Decreto Ley, que ayer mismo fue convalidado, sobre las medidas urgentes para los damnificados por los incendios forestales”, ha destacado Labrador.
Para el delegado del Gobierno, “toca en este momento con urgencia restaurar el daño que se ha causado y lograr que estas zonas vuelvan a la normalidad, sus habitantes prioritariamente, y ayudar a la reconstrucción de los pueblos, los municipios y los bosques que han sido dañados”.
Labrador ha destacado la importancia de la reunión mantenida el miércoles en Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el resto de delegados de Comunidades Autónomas que muestra el compromiso del Gobierno de España para “coordinar con urgencia esta serie de ayudas para los damnificados en los incendios forestales, en todos los ámbitos -personales y materiales- y fiscales”.
El delegado del Gobierno ha querido también destacar la “colaboración con la Junta de Comunidades de CLM, en ayudas para la reforestación en aquellos supuestos que hayan tenido una especial relevancia”.
Las medidas del Real Decreto Ley
Este Real Decreto Ley cubrirá no sólo los incendios que se han producido hasta la fecha, sino que permitirá que se amplíe a los que puedan producirse hasta el 1 de noviembre, que es la fecha en la que acaba lo que se conoce como temporada de incendios:
Las ayudas que se adoptan en el Real Decreto Ley son:
-Ayudas para daños personales, daños materiales y enseres,
-Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan dado prestaciones personales o de bienes o ayudas a las Corporaciones Locales, es decir, que hayan participado fundamentalmente en las operaciones de extinción de estos incendios.
-Ayudas para el alquiler, la reparación, la rehabilitación y la reconstrucción de viviendas, de las que podrán beneficiarse los dueños, inquilinos o titulares de cualquier contrato en vigor y las comunidades de propietarios por daños en bienes comunes.
-Habrá subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red de Diputaciones y Cabildos y podrá accederse hasta un 50% de su coste”.
Se establecen también medidas de naturaleza fiscal, como una exención del IBI para los inmuebles gravemente dañados y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al año 2012.
Además estas ayudas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y habrá reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Como novedad en este Real Decreto Ley se contempla la posibilidad de que Administraciones Públicas y entidades sin ánimo de lucro puedan requerir de los servicios públicos de empleo a personas que están siendo beneficiadas de una prestación por desempleo para que hagan trabajos de colaboración social en la reconstrucción y en la limpieza de estas zonas. Se trata de una posibilidad que da la Ley General de la Seguridad Social desde el año 1994 y que este Real Decreto Ley específicamente concreta”.







































































