Araceli Martínez ha subrayado que esta nueva Ley vuelve a situar a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia de igualdad y da respuesta a una sociedad que exige actuar “frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres”.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha mostrado hoy su confianza en que la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género sea aprobada por unanimidad en las Cortes regionales, donde inicia ya su trámite parlamentario tras el visto bueno en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno.
Martínez, que ha comparecido hoy rueda de prensa en Toledo, ha subrayado que esta nueva Ley vuelve a situar a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia de igualdad y da respuesta a una sociedad que exige actuar “frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres”.
Por ello, ha pedido “coherencia” con lo que se decidió en el Consejo Regional de las Mujeres donde el borrador del Anteproyecto de Ley fue aprobado por todas las entidades y responsables públicos participantes. “Es una legislación tremendamente participada por lo que, por responsabilidad y por respeto a todas las aportaciones, se requiere unanimidad de todas las fuerzas políticas”, ha dicho.
La directora del Instituto de la Mujer ha señalado que con esta Ley “acompasamos nuestra legislación a la internacional y ampliamos el concepto de violencia de género a otras manifestaciones como puede ser el comercio sexual, la mutilación genital femenina o la propia violencia sexual”.
Además, ha resaltado, pone el foco en la prevención implicando a toda la sociedad pues “los avances hacia la igualdad no corresponden solo a las mujeres, sino que hay que involucrar a los hombres a través de los nuevos modelos de masculinidad”.
Una Ley pionera
La directora del Instituto de la Mujer ha recordado que el 95 por ciento de las medidas que recoge este proyecto de Ley ya están puestas en marcha y, además, la viabilidad económica de la misma está garantizada.
Entre las novedades más importantes que recoge el documento se encuentra la consideración de víctimas de violencia de género a las madres cuyas hijas e hijos sean asesinados por el padre o por el hombre con el que éstas tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva de pareja para causarles un mayor sufrimiento.
Siguiendo esta misma línea, en el ejercicio de la acción popular, la Junta de Comunidades también pedirá la retirada de la patria potestad de las y los menores comunes cuando la madre sea asesinada.
Asimismo, el Gobierno regional reconocerá una ayuda económica a las y los huérfanos por violencia de género para garantizar que la pérdida de su madre no suponga perjuicios económicos ni para las y los menores ni para sus familias de acogida.
Por último, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha pedido al nuevo Gobierno de España que impulse el Pacto de Estado contra la Violencia de Género “para que tenga un largo recorrido y podamos empezar a implementarlo con las medidas y el presupuesto ya fue comprometido, pero que nunca llegó a ejecutarse”, ha finalizado.
