Cargando...De Lara ha dicho que han detectado los problemas que tienen los ayuntamientos para disponer de los servicios de un secretario interventor, puesto que sólo están exentos aquellos que tienen menos de 500 habitantes y cuentan con un presupuesto que no excederá en ningún caso los 120.000 euros. Y ha añadido que la precaria situación económica que atraviesan no les permite la contratación de un secretario-interventor, una figura que es tan necesaria como el alcalde para que un ayuntamiento funcione por más pequeño que sea el pueblo, en palabras del presidente de la Diputación.
Ha comentado que en la provincia hay 105 ayuntamientos, 102 más tres Entidades de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM), y que sólo 50 habilitados nacionales ejercen el puesto de secretario-interventor, más los 10 profesionales de la Diputación y 20 que son interinos. Así las cosas, «teóricamente» faltarían 25.
De Lara ha recordado que las leyes permiten que los ayuntamientos se organicen para sostener una persona que preste los servicios de secretario interventor en los municipios que han decidido reunirse. De ahí que haya decidido ofrecer ayuda económica ya que son 66 los consistorios que podrían acogerse. Los únicos requisitos que tienen que cumplir es que la agrupación que formen no reúna a más de 2.500 habitantes si son dos ayuntamientos, y si son tres el número de vecinos no sobrepasará los 1.500. Se va a exigir, asimismo, que el secretario interventor sea un funcionario con habilitación estatal y admitirán, de manera excepcional, que el régimen de contratación sea de interinidad.
La Diputación subvencionará el 60 por ciento del sueldo base y la cuantía máxima de la subvención concedida será de 7.985 euros al año en el caso de que contraten al grupo superior y, si es inferior, el salario disminuirá en la parte porcentual que estipulen los ayuntamientos que hayan decidido agruparse. Además, se ha concedido efectos retroactivos al programa desde el 1 de enero de 2012.
La solicitud, a juicio de De Lara, se realizará por vía telemática. Ha añadido que se les anticipará a los ayuntamientos el 50 por ciento de la subvención y el resto cuando justifiquen el gasto correspondiente.
Ha comentado, por otro lado, que la figura del secretario es esencial y determinante en cualquier ayuntamiento, puesto que es responsable de dar fe pública, de realizar las actas expedientes y también se hace cargo de los informes jurídicos y de la intervención contable, entre otras cosas. «Tiene una altísima responsabilidad, pero no siempre está reconocida en la calle», ha añadido para resaltar seguidamente que ponen en marcha este nuevo programa «porque cumple con muchos principios de los que han guiado siempre al Equipo de Gobierno y también con principios objetivos como el apoyo económico a ayuntamientos en tiempos de durísima dificultad económica». A ello hay que unir «la inequívoca sensibilidad con respecto a municipios pequeños».
Considera De Lara que también se dignifica la figura del secretario interventor, «la hacemos más reconocible, y apostamos por la creación de puestos de trabajo para profesionales en estos tiempos de paro y demostramos el espíritu municipalista que siempre marca el camino y los pasos de esta Diputación provincial». «No nos limitamos a hacer declaraciones retóricas, sino que lo ejemplificamos con un apoyo concreto y directo, con dinero», ha aclarado.
En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación ha confirmado hoy, requerido por los periodistas en la ronda de preguntas, que ayer se presentó en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo una querella criminal contra la senadora Carmen Riolobos y la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano. «Ejercitamos la acción penal por presuntos delitos contra el honor, delito tipificado por calumnias con publicidad en los artículos 205, 206 y 211 del Código Penal. Entendemos que se ha calumniado abiertamente porque presuponían que había incurrido en los delitos de desobediencia y denegación del auxilio», ha dicho De Lara, refiriéndose a las acusaciones vertidas por los dos cargos políticos referidos el pasado mes de agosto, cuando se produjo un incendio en el término municipal de Navas de Estena, concretamente en el Parque Nacional de Cabañeros.
