La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real acoge, este próximo 16 de enero a las 10:00 horas, un juicio por un caso producido en 2009 por un presunto delito de falsedad documental del entonces director técnico de la sociedad Aguas de Alcázar y del arquitecto técnico del Ayuntamiento alcazareño en aquel año.
El fiscal solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, formulando escrito de acusación con respecto a L.A.R. y D.D.A.
En las conclusiones provisionales, se explica que ambos, en su condición de funcionarios públicos, asumieron la dirección facultativa de unas obras consistentes en la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de las condiciones higiénicas de la zona del mercadillo de Alcázar de San Juan, tras serles adjudicada la redacción del proyecto de ejecución de dichas construcciones por el Ayuntamiento alcazareño el 15 de junio de 2009.
Según el escrito del fiscal, ambos acusados, «actuando con el propósito de manifestar una inveracidad en el tráfico jurídico en dos ocasiones en septiembre del 2010, firmaron sendas certificaciones de obra, las cuales venían a acreditar la conclusión de unas obras consistentes en eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas de la mencionada zona del mercadillo, las cuales no habían siquiera comenzado».
Las certificaciones de obra se consideran documentos administrativos de carácter contable, legitimadores del derecho a exigir el pago efectivo de una prestación cumplida, si bien las cantidades por un contratista en concepto de certificaciones de obra no pasan a formar parte definitivamente de su patrimonio hasta la conclusión y recepción de la prestación por parte de la Administración.
Dichas certificaciones se asientan en el principio de realidad, puesto que están destinadas a acreditar los trabajos efectivamente realizados, y «el atentado a dicho principio implica que los técnicos falsearon en aquel momento la realidad», ya que “declararon realizados trabajos inexistentes, y por otro lado, permitieron a un contratista disponer de fondos públicos por una actividad no ejecutada”, señala el escrito.
En el presente caso, las dos certificaciones de obra “llegaron a tener efectos reales y efectivos en el tráfico jurídico, toda vez que lograron la obtención de una subvención concreta por parte del Ayuntamiento y generaron en el tráfico jurídico una realidad inexistente”, añade además el texto.
Los hechos son constitutivos “de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y los acusados son responsables en concepto de autores de éste”.
Piden tres años y tres meses de prisión, “con inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, así como 20 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuitas diarias no satisfechas e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el tiempo de cuatro años.
