La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos personas como presuntas autoras de un delito continuado de falsedad documental y estafa. Los arrestados utilizaban identidades suplantadas, logrando ser beneficiarios de 28 créditos bancarios y un montante económico cercano a los 320.000 euros.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón comenzó sus pesquisas a raíz de una denuncia en la que un ciudadano de la capital aragonesa decía ser beneficiario de un crédito sin que hubiera realizado trámite alguno de solicitud.
Las pesquisas desarrolladas por el grupo de policía judicial, permitieron comprobar que los posibles autores llevaban operando desde el mes de noviembre del 2017 con diversas identidades supuestas, ingresando el dinero obtenido de manera fraudulenta en cuentas abiertas online y utilizando tarjetas de crédito asociadas a las mismas.
Los investigadores de la Policía Nacional, pesé al sofisticado sistema utilizado por los presuntos estafadores, fueron cerrando poco a poco el cerco en torno a los individuos que estaban detrás de esas solicitudes fraudulentas, logrando averiguar que las operaciones podrían estar siendo realizadas desde un inmueble situado en la localidad de Toledo.
Gracias a la colaboración ciudadana y el dispositivo de vigilancia policial establecido en el lugar se pudo descubrir que los sospechosos utilizaban un sistema para captar las señales wifi de los vecinos sin su consentimiento, lo que les permitía navegar y realizar las operaciones bancarias sin desvelar su propia identidad.
Se estima que el montante total estafado alcanzaría cerca de los 320.000 euros, con los que presuntamente se habrían adquirido inmuebles y vehículos, por lo que no se descarta que se les pueda imputar un delito de blanqueo de capitales.
El operativo desarrollado la pasada semana se saldó con la detención de dos personas, un hombre de 32 años que responde a las iniciales I.B. y una mujer de 31 años con las iniciales R.P.M., así como la incautación de diverso material informático, teléfonos móviles y una ingente cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados, todo ello tras el registro domiciliario practicado con la colaboración del Grupo de Judicial de la Policía Nacional de Toledo.
