Cargando...Ortega ha asegurado este martes que la situación económica del Ayuntamiento es “complicada porque la gestión de los últimos años ha ido provocando un desequilibrio en las cuentas públicas de cinco millones de euros”.
Ortega explicaba que entre los años 2007 y 2011 el Consistorio tuvo importantes ingresos procedentes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y de la apertura de las plantas termosolares. Sin embargo, esos ingresos extraordinarios y limitados en el tiempo se destinaron a la financiación de gastos corrientes y estructurales, como el mantenimiento de calles, la limpieza de colegios o la iluminación. Por tanto, cuando se han dejado de recibir esos ingresos se ha producido ese desequilibrio de cinco millones porque ha dejado de entrar dinero para unos servicios que hay que seguir prestando, a lo que hay que sumar la deuda pública del Consistorio, que también hay que ir pagando.
Por este motivo, el alcalde insistió en que lo más acertado hubiera sido dedicar esos ingresos extraordinarios a reducir la deuda, en lugar de hacerla crecer al tiempo que se supeditaba la prestación de servicios básicos a esos ingresos que se sabía que iban a dejar de llegar.
Ante esa situación, el equipo de Gobierno actual lleva un año y medio de gestión económica “prudente”, centrada en la contención del gasto, algo que tendrá su reflejo en los presupuestos de 2013, de los que en breve se presentará un borrador. Sobre ellos, Diego Ortega comentó que contendrán ajustes en función de las prioridades de gasto y servicios públicos, “como haría cualquier vecino en su economía doméstica: quitar de donde se pueda para garantizar lo imprescindible”. El objetivo último, según indicó, es “reequilibrar las cuentas públicas”.
En esta línea van las ordenanzas fiscales de 2013 aprobadas en el Pleno municipal de la semana pasada, que calificó como “las más sociales que se han aprobado nunca en Alcázar de San Juan”. Asimismo, añadió que persiguen dos objetivos claros: aplicar la progresión fiscal y mantener los servicios públicos.
Sobre el primero, señaló que el equipo de Gobierno quiere garantizar que todos los vecinos puedan disfrutar de los servicios con un principio: “Que paguen más quienes más tienen para que paguen menos quienes tienen menos”. Esto implica aplicar a las ordenanzas “criterios de justicia y equidad para todos los vecinos en función de las rentas e ingresos, conscientes como somos de la situación de muchos vecinos”.
Por este motivo, las tasas y precios públicos cuentan con bonificaciones en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), de forma que quienes se encuentren por debajo del mismo (menos de unos 600 euros de ingresos al mes) pagarán sólo un 30 por ciento del precio del servicio, mientras que quienes obtengan ingresos por valor de entre un Iprem y 1,5 (entre 600 y 900 euros), pagarán sólo un 70 por ciento. A esto hay que sumar las bonificaciones para familias numerosas y discapacitados. Todas estas bonificaciones se refieren a servicios como el transporte urbano, la ayuda a domicilio, el centro de atención a la infancia y servicios deportivos, culturales y turísticos, entre otros.
Para los que tengan que pagar el cien por cien de la tasa, abonarán un diez por ciento más, que es la media de subida de las tasas y precios públicos, muy lejos de la subida de entre el 20 y el 60 por ciento que recomendaban los técnicos municipales debido al estado de las cuentas públicas y al hecho de que de los 52 servicios que presta el Ayuntamiento, 50 son deficitarios, lo que significa que con lo que pagan por ellos los usuarios no se cubre su coste.
Finalmente, en lo que respecta a los impuestos, no sólo han sido congelados sino que se ha reducido el tipo de impositivo del IBI, que es uno de los impuestos más importantes, al pasar del 0,5 al 0,48 por ciento.
