El Informe de la Organización Médica Colegial de España apunta que en Castilla-La Mancha se han reducido las agresiones a facultativos médicos en 2018, año en el que se han producido un total de 22, tres menos que en el año 2017. En la provincia de Toledo se han producido un total de cuatro, frente a las 13 agresiones de 2017.
Así lo han presentado en una rueda de prensa la presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Natividad Laín; el secretario del Colegio de Enfermería de Toledo, Carlos Valmaseda; el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Iñigo Cortázar, y el fiscal jefe de Toledo, Antonio Jesús Huélamo.
En la región, el total de los casos se producen en el sector de la sanidad pública, siendo un 55 por ciento de ellos casos contra mujeres y un 45 por ciento contra hombres. Mayoritariamente se dan en el ámbito de Atención Primaria (50 por ciento), hospitales (18 por ciento) y urgencias (9 por ciento).
En este sentido, un 57 por ciento de las agresiones fueron amenazas, mayoritariamente realizadas por mujeres; un 30 por ciento proferidas por mujeres (66,7 por ciento) y un 13 por ciento de los casos fueron lesiones a cargo de hombres.
En cuanto al tipo de lesiones, en el 83 por ciento de los casos fueron psíquicas (60 por ciento a mujeres y 40 por ciento a hombre) y un 17 por ciento fueron físicas y afectaron al 50 por ciento a mujeres y hombres.
Las causas de las agresiones fueron, en un 64 por ciento, por discrepancias con la atención médica recibida; en un 14 por ciento porque no se recetó lo que pedía el paciente; un 4 por ciento fue por cuestiones relacionadas con bajas laborales; un 4 por ciento por la emisión de informes no acordes a las exigencias del paciente y un 5 por ciento por un mal funcionamiento del centro sanitario.
Estos actos han sido denunciados en el 79 por ciento de los casos, mientras que ha habido un 21 por ciento de profesionales afectados que han decidido no hacerlo.
TOLERANCIA CERO
El director general de Recursos Humanos del Sescam ha trasladado el compromiso del servicio hacia la «tolerancia cero» a estas agresiones para que los ciudadanos tomen conciencia de que agredir a un profesional sanitario es «intolerable» y está tipificado legalmente al igual que una agresión a jueces o policías.
Cortázar ha indicado que el Sescam se persona en todos los procedimientos judiciales que tienen que ver con agresiones físicas a profesionales y que va a comenzar a hacerlo también cuando se produzcan las agresiones verbales.
El secretario del Colegio de Enfermería de Toledo, Carlos Valmaseda, ha señalado que en Castilla-La Mancha se han incrementado los casos de agresiones a enfermeros pasando de 107 en 2017 a 129 en 2018, lo que supone un aumento de 22 incidencias.
Valmaseda ha aseverado que este tipo de situación producen un gran estrés en el puesto de trabajo y en el ámbito profesional en que se produce, ya que la mayoría de las veces produce una baja médica tras la ansiedad del profesional.
IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Natividad Laín, ha indicado que los turnos con más peligro son los que se producen en horas nocturnas en los puntos más alejados de la capital de provincia, así como las salidas fueras del centro médico.
Laín ha incidido en la importancia de que los profesionales denuncien las agresiones que sufren y ha demandado a la Administración incrementar las sanciones económicas en los casos que no se produzcan delitos penales y si procesos administrativos sancionadores.
Por su parte, el fiscal jefe de Toledo, Antonio Jesús Huélamo, ha asegurado que la agresión, intimidación o violencia sobre un facultativo es un delito de atentado, que está tipificado con entre 6 meses y 3 años de prisión.
Huélamo ha indicado que es «muy importante» la denuncia, ya que sólo así se puede activar el funcionamiento de la Justicia y de la Fiscalía. «No sólo hablamos de penas de prisión», ha señalado, para añadir que también se pueden producir prohibiciones de aproximación y comunicación para que el autor no pueda acercarse al profesional y no se pueda comunicar por ningún medio.
Con respecto a la agresión verbal, Huélamo ha destacado que no cualquiera se pueda calificar de delito, sino que hay que «medirla» en cada caso en función de si contiene intimidación grave, amenazas de causar algún mal en la persona, familiares o bienes.
