La Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real celebrará el próximo lunes 17 de diciembre un acto informativo sobre la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada recientemente con los únicos votos del Partido Popular y la oposición total del resto de grupos políticos.
La charla, que comenzará a las cuatro y media de la tarde en el hotel NH de la capital, correrá a cargo de Antonio Camacho, actual diputado socialista, vocal de la Comisión de Justicia y que a su vez fue el ponente de esta Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regula determinadas tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Camacho es licenciado en Derecho y Miembro de Carrera Fiscal y Judicial, y durante la anterior etapa de Gobierno del PSOE ejerció primero el cargo de Secretario de Estado de Seguridad pasa asumir con posterioridad el de ministro del Interior y, por tanto, el máximo responsable de gestionar el fin de la banda terrorista ETA.
Además de exponer los grandes perjuicios que representa esa nueva Ley de Tasas judiciales para la gran mayoría de ciudadanos, Camacho detallará cuál ha sido la posición del Grupo Parlamentario Socialista durante la tramitación de la Ley y dará cuenta también de las nuevas iniciativas parlamentarias que se han presentado tras la aprobación de la polémica ley del ministro Gallardón.
Camacho cerrará este acto al que están invitamos todos los representantes y estamentos del sector de la judicatura y la abogacía desgranando el recurso de inconstitucional presentado por los socialistas al entender que se impide y se disuade a los ciudadanos de hacer valer sus derechos ante la Justicia.
Ese aspecto es el que precisamente han expuesto el resto de grupos parlamentarios y todas las profesiones jurídicas al mostrar un rechazo total a la nueva Ley de Tasas Judiciales, pues coinciden en que es un paso más hacia el aumento de la desigualdad que está imponiendo el Gobierno de Rajoy a golpe de mayoría absoluta.
Y es que, de lo que no cabe duda es que la nueva Ley consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo por tanto ese acceso al sistema judicial español a un gran número de ciudadanos, dejándolos por tanto en una clara situación de indefensión y desprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables, más aún si cabe en la actual situación de crisis.
