“Si le pasa algo a algún vecino de Villahermosa, Alamillo, Villanueva de la Fuente, Castellar de Santiago o Montiel porque están cerradas las urgencias de su localidad y no le ha dado tiempo a llegar a otro centro de urgencias, eso será responsabilidad exclusiva de la señora De Cospedal”.
En estos términos tan contundentes se ha pronunciado el secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, tras la confirmación del Gobierno de Castilla-La Mancha de cerrar definitivamente el servicio de las urgencias correspondientes a los centros de salud de esos cinco municipios.
Una clausura a la que siempre se han opuesto los socialistas al considerar que es una decisión en la que prima el factor económico por encima del humano, sin tener en cuenta los riesgos que esto supone para todos los vecinos y vecinas de las localidades afectadas, con el agravante de que hablamos de zonas rurales muy alejadas de los centros hospitalarios de referencia y con una población muy envejecida.
Tras insistir en la discriminación que sufrirán los vecinos de estas cinco localidades y en los riesgos innecesarios que correrán, Caballero ha anunciado que el día que el PSOE vuelva a gobernar en Castilla-La Mancha planteará de nuevo la apertura de estos servicios de urgencia.
Y sin salir del ámbito sanitario, Caballero se ha referido también al conflicto abierto en el sector del transporte sanitario terrestre, un conflicto generado entre la nueva empresa a la que la Junta de Comunidades ha adjudicado el servicio de ambulancias y los profesionales de las mismas.
En este sentido, el responsable ciudadrealeño considera “lamentable” e “impresentable” la desidia con la que está actuando el Gobierno regional personalizada en el delegado provincial, Antonio Lucas-Torres, quien ayer echó balones fuera y manifestó abiertamente que la Junta no tenía nada que ver en el conflicto. “Es de un cinismo insoportable”, ha recriminado Caballero, al recordar que la empresa presta el servicio del transporte sanitario por la concesión otorgada por el Gobierno de Cospedal.
Es más, Caballero ha mostrado el pliego de condiciones de esa adjudicación en el que se refleja de forma meridianamente clara las responsabilidades que asume la administración regional en cuanto a calidad en la prestación del servicio así como en la dotación de medios técnicos y humanos, por lo que ha corroborado que “es absolutamente falso que la Junta nada tenga que ver con la empresa del transporte sanitario”.
Por este motivo, José Manuel Caballero ha reprochado al Ejecutivo de Cospedal que se preocupe más por los intereses del empresario que gestiona este servicio de ambulancias, casualmente un ex alcalde del Partido Popular, que por los trabajadores y usuarios de ese servicio socio-sanitario.
De igual modo, el secretario general del PSOE ciudadrealeño ha indicado que “es impresentable que se estén violando los derechos de los trabajadores (de las ambulancias, -como así lo han denunciado los representantes sindicales- y la Junta mire para otro lado”.
En el fondo, Caballero no ha dudado en afirmar que este deterioro intencionado del sistema público sanitario de Castilla-La Mancha es un adelanto al proceso de privatización a imagen y semejanza de lo que el Partido Popular ya ha emprendido en la vecina comunidad de Madrid, donde el principal parámetro que rige la salud de los ciudadanos es la rentabilidad económica.
