Cargando...Las familias del CEIP Cardenal Cisneros de Camuñas han alzado la voz contra la decisión prevista por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha de agrupar en una misma aula al alumnado de 3 y 4 años durante el curso 2026/2027. A juicio del AMPA, la medida supone el inicio de un proceso de desmantelamiento de recursos educativos que pone en riesgo la calidad de la enseñanza y el futuro de la escuela rural.
La comunidad educativa denuncia que la decisión se adopta exclusivamente bajo criterios numéricos, ignorando las necesidades reales del alumnado y las importantes diferencias madurativas existentes entre niños y niñas de estas edades. Además, recuerdan que la previsión actual no contempla la matrícula viva que suele incorporarse a lo largo del curso, una realidad habitual en muchos centros rurales.
Sin embargo, la preocupación de las familias va mucho más allá de la reorganización de una clase. Según advierten, la supresión de esta unidad tendrá consecuencias directas sobre la plantilla del centro, reduciendo recursos especializados tan importantes como los profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), fundamentales para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
«Nos dicen que apostemos por vivir en nuestros pueblos, que contribuyamos a frenar la despoblación y a mantener vivo el medio rural. Pero cuando llega el momento de respaldar a las familias con servicios públicos de calidad, los recortes siempre empiezan por los pueblos», denuncian desde el AMPA.
Las familias recuerdan que el CEIP Cardenal Cisneros está catalogado como centro de difícil desempeño, una condición que exige precisamente más recursos y más apoyo institucional, no menos. Por ello, consideran especialmente grave cualquier reducción de especialistas destinados a garantizar una educación inclusiva y equitativa.
Desde la asociación se insiste en que la defensa de la escuela rural no puede quedarse en declaraciones institucionales. «La lucha contra la despoblación se demuestra con hechos. Cada aula que se pierde, cada recurso que se recorta y cada servicio que desaparece envía un mensaje devastador a quienes han decidido formar su proyecto de vida en nuestros pueblos», señalan.
Ante esta situación, el AMPA exige a la Consejería de Educación que reconsidere la medida, mantenga las unidades actuales y garantice la dotación íntegra de recursos de apoyo. Las familias apelan al principio del Interés Superior del Menor y reclaman que la equidad educativa llegue también a los municipios rurales.
«Defender la escuela rural es defender la igualdad de oportunidades. Nuestros hijos e hijas merecen los mismos recursos y la misma calidad educativa que cualquier alumno de una gran ciudad», concluyen.
