Cargando...Preocupación máxima porque no se garantiza el pago que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene con los ayuntamientos. Esta es la sensación y la conclusión a la que llegaron los alcaldes y portavoces del PSOE en la jornada celebrada por la Ejecutiva Provincial.
Pese a que “los ayuntamientos son los garantes de la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos”, tal y como apuntó durante la reunión la secretaria de Organización, Blanca Fernández, “éstos se encuentran en serio riesgo debido a la alta morosidad que mantiene con ellos la Junta de Comunidades que preside la señora Cospedal”.
Fernández recordó que el desarrollo y la aplicación de los servicios sociales, educativos, culturales y algunos de otra índole son competencia exclusiva de la administración regional, pero en el caso de la provincia de Ciudad Real “dichos servicios han estado consolidados y asentados gracias a la colaboración de los ayuntamientos en un ejemplo de colaboración institucional recíproca que se ha roto desde la llegada de Cospedal al Gobierno”.
La responsable socialista incidió en que hasta el año 2011 el apoyo “fluido y cómplice” no se ceñía solo al aspecto financiero, sino también a la ejecución de unos servicios que de otro modo no llegarían nunca a los ciudadanos. Tales son los casos de las residencias de mayores, los centros de día, las viviendas tuteladas, e incluso, de hecho, los propios servicios sociales están implantados en el territorio gracias a “unos ayuntamientos que mes a mes sufren los recortes presupuestarios y los impagos del Gobierno de Cospedal”.
Tras analizar en profundidad el nuevo mecanismo que el Gobierno de España ha anunciado para pagar a los consistorios, los alcaldes socialistas denunciaron a través de la secretaria de Política Municipal, Jacinta Monroy, que “es absolutamente insuficiente, por lo que ya anticipamos que no saldará las deudas que mantiene la administración regional con los ayuntamientos”.
Los motivos que apuntaron para extraer esa conclusión son varios, entre ellos, las condiciones vinculadas a los impagos consistoriales, las lagunas en la redacción de la norma y también las voces críticas en el seno del Partido Popular, ideas que “hacen que surjan dudas más que razonables para desconfiar de la eficacia de este mecanismo”.
Tanto alcaldes como portavoces socialistas en los municipios consideraron que “hoy en día hay servicios en peligro de extinción, sin ir más lejos, la mayoría de las residencias de mayores gestionadas por los ayuntamientos o la ayuda a domicilio, cada vez más débil por culpa de los recortes de Cospedal”, a lo que sumaron la crítica a la imposibilidad de desarrollar planes de empleo por la negativa de la Junta de Comunidades que, en definitiva, están asfixiando las posibilidades de los alcaldes y alcaldesas para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Precisamente, uno de esos problemas más sensibles hace alusión a la violencia de género, ejemplo puesto por Blanca Fernández para ilustrar la “temeridad” que supone la reforma de la administración local. “Los centros de la mujer no son competencia municipal, y con los impagos de la Junta y la nueva ley de administración local se tienen que cerrar –al suprimir el artículo 28 de la norma vigente en cuanto a competencias municipales de igualdad-, por lo que cientos de mujeres no tendrán un centro de referencia en su pueblo a donde puedan acudir. Y cuando una mujer sea víctima de maltrato no van a tener a ningún técnico que le pueda asesorar. ¿A quién beneficia esto? Desde luego que a las mujeres víctimas de maltrato no”, recriminó Fernández.
Por último, la secretaria de Organización del PSOE ciudadrealeño dijo que este es solo un ejemplo que afecta nada más y nada menos que a los 24 ayuntamientos que cuentan con centro de la mujer en la provincia, y por ello “tan solo hay que imaginar las consecuencias dantescas y dramáticas si sucede lo mismo en el resto de servicios que presta la administración local”.
