Cargando...Bachiller informó a este grupo de profesionales del borrador de decreto, detectando, al igual que en las otras charlas desarrolladas hasta ahora en Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara o Tarancón, la total oposición de los profesionales y su gran preocupación por este decreto del Sescam, que pretende obligar a cerca de mil profesionales, de ellos 491 médicos, a que opten antes del 31 de diciembre, entre perder su condición de funcionarios y seguir en el Servicio de Salud, o permanecer en su condición de funcionarios y pasarían a estar adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas.
Para CSI·F, la aprobación de ese Decreto de Integración de los Sanitarios Locales, rechazado en la Mesa General de Negociación por las centrales sindicales, pondría a los pies de los caballos la prestación de una sanidad de calidad en nuestra región, pues se pondría en serio peligro la atención médica y de enfermería que recibe la mitad de la población de Castilla-La Mancha.
CSI·F recurrirá, si la Junta de Comunidades se enroca en su decisión de aplicar este Real Decreto, injusto y desproporcionado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, cuestionando la constitucionalidad del mismo por atacar los derechos individuales de los funcionarios al no respetar lo establecido en el Artículo 14 Estatuto Básico del Empleado Público: “derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional”.
Desde el sindicato de funcionarios piensan que «el Partido Popular pretende eliminar los funcionarios de la sanidad pública, que en la actualidad tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional varias Comunidades Autónomas, por vulnerar los derechos individuales de los funcionarios recogidos en nuestra legislación» y temen, que el verdadero objetivo es «la eliminación de los funcionarios del sistema público y acabar con profesionales a los que su estatus dota de una estabilidad laboral, que les permite ser independientes y no están doblegados a los políticos de turno, lo cual es un verdadero inconveniente para futuras privatizaciones del sistema sanitario.
