Cargando...La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Melchor, expresaba los medios la sensación que tienen, desde la oposición, tras los plenos extraordinarios celebrados ayer lunes, 14 de octubre. «Fue un día triste para Alcázar de San Juan y para la democracia. El equipo de gobierno desoyó las 8669 firmas y las 550 alegaciones presentadas por los vecinos. Se está gobernando de espaldas al pueblo, no les importa lo que dicen los vecinos. Con frases como que la democracia se ejerce cada cuatro años, lo están demostrando. Aprobaron algo que no estaba en sus programas electorales y, al menos, deberían consultar al pueblo».
Melchor hizo hincapié en que las 8669 firmas son un número superior a los votantes que tuvieron PP y CxA en las pasadas elecciones. «¿Cuántas firmas deben recogerse?, ¿cuántas alegaciones tienen que presentar los vecinos para que se les escuche?. Le han denegado al pueblo un referéndum que podía se aclaratorio para saber que es lo que realmente piensan los ciudadanos».
Aseguró también -más como una apreciación personal que otra cosa- que intuía que entre los concejales del equipo de gobierno «falta convicción con respecto al proceso de Aguas» y que, por este motivo, solicitaron el voto secreto.
«Han iniciado el intento de privatizar ‘Aguas de Alcázar’, pero el proceso no ha concluido» -decía con convencimiento, al tiempo que remarcaba que los pasos que, hasta ahora, ha ido dando el equipo de gobierno para el cambio de gestión, «se han realizado con falta de información, transparencia y participación». A este respecto, mencionó el «difícil acceso» al documento de la memoria y la «rápida» desestimación de alegaciones, «en sólo 24 horas»; además de «colocar a traición un pleno, una hora antes, del solicitado por el Grupo Municipal Socialista, convocado con 15 días de antelación». Algo que, dijo, «vulnera los derechos de la oposición».
Por la forma en que se realizó la convocatoria del pleno extraordinario de urgencia, el grupo socialista pondrá un recurso administrativo, pidiendo la medida cautelar de paralizar el proceso del cambio de gestión de la empresa de aguas. Además, denunciarán al Alcalde, Diego Ortega, por la vía penal, para que el juez dictamine si hay indicios que apunten a que «provocó intencionadamente la quiebra de Aguas». Desde el Grupo Municipal Socialista así lo consideran, porque «tomaron decisiones para perjudicar a la empresa». Melchor señaló, entre otras cosas, la «renuncia» al cobro de 1 millón de euros de obras realizadas, el «impedir» a los técnicos que acreditaran estas obras y el denegar un aplazamiento de deuda «que ellos mismos se solicitaron».
